El grupo parlamentario del PP reprochó ayer la "incongruencia" del PSOE al pedir a la Xunta que adopte medidas contra la violencia en el rural al mismo tiempo que un Concello con alcalde socialista, el de Ponte Caldelas, cierre el Centro de Información á Muller para integrar el asesoramiento a posibles maltratadas en un servicio jurídico abierto a todos los vecinos.
El PSOE trató de defenderse alegando que el cierre del CIM de Ponte Caldelas es "temporal" y "se debe a los recortes de la Xunta" en ayudas a los concellos, lo que conlleva "dificultades de mantenimiento". Aventuró en la Cámara gallega que "se volverá a implantar" cuando se disponga de fondos y mientras tanto se dispone de un asesoramiento "mancomunado con otros municipios".
La decisión de cerrar el CIM, que ya fue criticada hace unos días por el PP de Ponte Caldelas, fue justificada por el alcalde, Andrés Díaz, en que "finalizó el contrato de servicios con la abogada y la psicóloga que lo atendían y la imposibilidad de seguir prorrogándolo". Además de unificar la asesoría global en un único servicio, se apuntaba que la "atención psicológica se continuará prestando a las personas que lo soliciten, previa cita y atendiendo a los gastos de desplazamiento".
