El acuerdo entre el BNG y Marea que permitió al gobierno local sacar adelante su presupuesto municipal para 2017 por 73 millones de euros ha dejado algo descolocados a los otros grupos de la oposición. Antes de la sesión daban por seguro que el BNG fracasaría en su intento y el PP y el PSOE acudirían a la vía judicial para denunciar el "veto" del alcalde, Miguel Fernández Lores, a sus enmiendas, así como la "opacidad" de las cuentas. Pero con el documento ya aprobado gracias a la abstención de los concejales rupturistas Luís Rei y Carmen Moreira, la situación parece haber cambiado y ambos partidos admiten dudas para optar por los tribunales.

Con el acuerdo del pasado viernes, después de dos turbulentas semanas en el Concello, el alcalde no solo dispone de sus cuentas para el próximo año, sino que evita someterse a una cuestión de confianza, una fórmula que, por los visto en estos días, ningún grupo de la oposición veía con buenos ojos, ya que les obligaba a un imposible pacto para buscar un regidor alternativo.

Tanto Jacobo Moreira (PP) como Agustín Fernández (PSOE), explican que analizarán en sus propios grupos la posibilidad de recurrir judicialmente el presupuesto y, sobre todo, la fórmula elegida para su aprobación, al dejar el BNG sobre la mesa un documento enmendado por toda la oposición y dictaminado favorablemente en la comisión de Facenda. Sin embargo, ninguno de estos dos grupos, parece convencido de que el juzgado sea la mejor opción.

Más decidido se muestra Jacobo Moreira, que insiste en que el pleno del pasado viernes fue "irregular porque no se permitió votar las enmiendas de la oposición y el alcalde se saltó el procedimiento". Sin embargo, reconoce que no hay una decisión en firme porque "no sé si vale la pena acudir a los tribunales" por las consecuencias que tendría para el funcionamiento normal del Concello. Su concejal Rafael Domínguez, presidente de la comisión de Facenda donde toda la oposición se unió contra el BNG, sí parece más dispuesto a buscar la anulación judicial de las cuentas.

Desde el PSOE, su portavoz Agustín Fernández incluso se muestra más receloso de esa vía. Hasta después de las fiestas navideñas no reunirá a su ejecutiva local, que será la que decida, pero él mismo señala que "meternos en una batalla judicial no es el camino". Fernández admite abiertamente que el resultado del pleno del pasado viernes fue una "victoria de Lores" y no de Marea, a la que vaticina un declive por su postura en aquella sesión. En todo caso, el portavoz socialista reprocha al alcalde que "nunca quisiera negociar porque contaba con la baza de la cuestión de confianza, que ganaría sin ninguna duda, pero se dio cuenta finalmente de que esa fórmula le supondría un enorme desgaste político y arriesgarse a una impugnación judicial" que ahora parece más lejana.

Por el momento, la aprobación del presupuesto es solo provisional y se abre ahora un plazo de alegaciones, que deben regresar al pleno. Es la primera vía a la que acudirán PP y PSOE para frenar el documento.