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Santiago Montejo Urioste: "No me queda otro camino que defender mis legítimos derechos y acudir al TSXG"

"Solicitaré también la suspensión de la adjudicación como medida cautelar", añade

Santiago Montejo, ante el edificio de la antigua Cámara Agraria Provincial. // Gustavo Santos

El empresario Santiago Montejo Urioste es administrador de la sociedad Mercant Lupond S.L., que ganó la subasta pública del edificio Pazo de San Román de la Praza do Teucro, la antigua Cámara Agraria Provincial. La Xunta cambió posteriormente el resultado de esta subasta, tras admitir el recurso presentado por el titular del restaurante ubicado en el bajo del inmueble, como inquilino con derecho de compra preferente.

- ¿Cómo ha recibido la resolución de la Xunta?

- Con estupor, es una resolución digna de enmarcar por su "profundidad sin precedentes". Una matización: Hay que dejar claro que este es un hecho muy concreto y cuando hablamos de la actuación de la Xunta, del departamento de Patrimonio, hay que ceñirlo a este proceso, ya que muchas veces existe la tendencia a generalizar. Esto al final se ciñe a muy muy pocas personas o actuaciones, porque incluso en este procedimiento me he encontrado bastante gente que no tengo que decir nada en absoluto de su comportamiento y forma de actuar.

- La propia Xunta comunicó que modificaba el resultado.

- Y debo manifestar mi perplejidad también por este comunicado de la Xunta a los medios de comunicación, donde incide y recalca que el ganador de la subasta en ningún momento ha tenido derecho alguno sobre el inmueble. Pues bien, la verdad es que me sorprende, incluso me parece aberrante ese afán e interés desproporcionado por querer reflejar que el concurrir a una subasta de un bien público, ganarla, por ser la puja más alta, no genera ningún derecho sobre el bien. ¿No será que todo este embrollo en el que me he visto envuelto ha sido originado y ocasionado por ellos? ¿Creen ustedes que a una persona que lo único que se le puede achacar es de ejercer lícitamente la mejor puja por un inmueble, se le puede marear tanto?

- ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación en una tramitación pública?

- Es incomprensible, especialmente en la venta de un inmueble que pasó por tres subastas anteriores que quedaron desiertas. Creo que tiempo, medios y posibles interpretaciones ha tenido tiempo de sobra todo el equipo jurídico de la Xunta antes de sacar un bien a subasta. ¡Pero no solo una subasta, sino la cuarta subasta!

- ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

- Lo que ha ocurrido es que han transcurrido más de siete meses desde que gané la subasta, tiempo donde no he podido ejercer ninguna actividad en el inmueble. Cosa contraria como han actuado con los inquilinos del restaurante. Con el contrato de alquiler vencido desde el 18 de junio, les han dejado seguir ejerciendo la actividad, sin pagar alquiler, sin contrato, y con un ganador en subasta de ese bien.

- ¿Qué actuaciones ha emprendido hasta el momento?

- He presentado 5 escritos de alegaciones, sin ninguna respuesta y pasando todo un calvario para obtener cualquier información. He tenido incluso que ser yo el que después de obtener el acta donde se me nombra ganador y se me propone para la adjudicación, tenga que demostrar que los inquilinos, titulares del contrato de alquiler son los otros que pujaron en la subasta. Lo hicieron a través de la sociedad Orgodomonte Inversiones S.L., en la que el inquilino y titular del contrato de alquiler del restaurante es administrador y fueron incrementando las pujas desde los 585.000 euros de salida, hasta la última puja mía en 620.000 euros, que no la superó. Precio con el que se cerró la subasta con mi propuesta de adjudicación por ser evidentemente la puja más alta. ¿Cómo es posible que acudan a una subasta, no la ganen y entonces busquen otro camino para la adjudicación. Si tuvieran ese derecho claro ¿habrían acudido y pujado en una subasta?

- ¿Qué medidas tomará en adelante?

- He tratado por todos los medios que han estado a mi alcance evitar la vía judicial, pero ante la resolución recibida, no me ha quedado otro camino para defender mis legítimos derechos, interponer un recurso Contencioso Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, solicitando también la suspensión de la ejecución de la adjudicación del inmueble, como medida cautelar.

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