La Comisión Europea advirtió a la Xunta de Galicia y al Gobierno central que han aplicado una normativa equivocada para renovar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a la empresa Ence, según denunciaron esta mañana la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, y los directivos de la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR). Los opositores a la presencia del complejo industrial en la ría de Pontevedra advirtieron que la Unión Europea podría iniciar un procedimiento contra España por no aplicar la directiva que regula los vertidos urbanos y haber asumido en cambio una normativa que sería más permisiva con los parámetros contaminantes de dichas emanaciones a la ría.
Se trata, según indicó la eurodiputada nacionalista, de un "varapalo al Estado español" que además abría la puerta a emprender acciones judiciales, que los directivos de APDR ya prevén iniciar.
El BNG pedirá ante la Comisión Europea que se aplique la directiva correcta y volverá a presentar una pregunta al Gobierno de la Unión en el sentido de conocer cuándo se dirigirá a las autoridades españolas para exigir ese cumplimiento.
Tanto el grupo nacionalista como la APDR entienden que la última Autorización Ambiental Integrada se concedió de forma ilegal, al permitir valores superiores a los que establece la normativa comunitaria al respecto. Añaden que este incumplimiento por parte de la Xunta y del Estado desde el año 1999 no solo afecta a la ría de Pontevedra, sino también a la de Vigo y O Burgo.
Ana Miranda y los directivos de APDR Antón Masa y Benito Andrade, dieron a conocer hoy esta respuesta de la Comisión Europea que según indicaron conocen desde hace siete meses. "Queríamos valorar toda la situación y elegir el momento adecuado para revelarlo", argumentaron.
Explican que tras denunciar esta situación ante el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, en marzo pasado el responsable comunitario respondió que en el caso de las aguas residuales de la pastera, al verterse a través de una instalación de tratamiento de aguas residuales urbanas, como es el emisario submarino, se aplican las condiciones de la directiva correspondiente que no es la que tienen en cuenta Xunta de Galicia y Gobierno español. Ésta es "entre dos y tres veces más permisiva" y en la que se ampara la concesión de las últimas Autorizaciones Ambientales Integradas a la pastera. La primera AAI se concedió en 2008 y posteriormente se renovó en 2011.
"Estamos ante un incumplimiento de derecho y un engaño a la ciudadanía durante todos estos años", manifestó Miranda, quien avanzó que el BNG dirigirá una repregunta al Ejecutivo comunitario para interesarse por cómo se dirigirá a las autoridades españolas para que exijan el cumplimiento de la normativa.
