Las esperanzas de que el dragado del río Lérez y el fondo de la ría pueda estar en marcha en 2017 se esfuman prácticamente por completo. Portos de Galicia, la entidad que desde 2011 tramita esta compleja actuación, admitió ayer que todavía no dispone de las autorizaciones ambientales necesarias para encargar las obras y, en el mejor de los casos, no los tendrá antes de nueve meses, entre septiembre y octubre del próximo año. Aunque el ente público evita fijar plazos, resulta del todo imposible que esos trabajos se puedan iniciar en 2017, como se reclama en el acuerdo que la corporación municipal adoptó el pasado lunes.
Ese acuerdo, apoyado por todos los grupos salvo Marea Pontevedra, se hace eco de la vieja demanda del sector marisquero de la ría y de los usuarios del puerto deportivo del Lérez para que se retiren las cientos de toneladas de lodos y otros residuos que afectan desde hace años a los bancos marisqueros y al funcionamiento de las instalaciones del Club Naval.
Si alguno de estos colectivos confiaba en que el acuerdo plenario sirviera para algo, Portos de Galicia se encargó ayer de enfriar esas expectativas. Las explicaciones ofrecidas por la entidad aplazan cualquier posible actuación a 2018. Así, recuerda que "Portos continúa de forma ininterrumpida con la tramitación necesaria para la contratación de la obra de dragado en la desembocadura del Lérez", pero subraya que "es una de las actuaciones más completas que tramita el ente público, por lo que los requisitos exigidos por la legislación vigente resulten especialmente rigurosos y complejos y se dilatan en el tiempo".
Todo ello obliga a redactar un estudio de impacto ambiental que todavía no está concluido. Portos afirma que "antes de final de este año" ese documento estará elaborado y será entonces cuando se haga público para posibles alegaciones. Paralelamente, el estudio debe ser sometido al análisis "de los organismos dependientes de otras administraciones, autonómicas y estatales", en concreto "diferentes departamentos de las consellerías de Mar y Medio Ambiente, así como Costas del Estado". Y es aquí donde Portos no se atreve a fijar plazos concretos, pero sí especifica que serán muy dilatados, de casi un año.
Así, admite que "esta acción exige legalmente un plazo de no menos de ocho meses, que puede variar en función de los resultados que se obtengan durante el proceso". Esta tramitación se alargaría, por tanto y en el mejor de los casos, hasta septiembre de 2017, si bien Portos aclara que "no puede dar más que una estimación de los tiempos para cumplimentar el trámite, sin poder fijar una fecha de inicio de la obra por depender de factores ajenos al propio ente". De hecho insiste en que esos plazos "no se pueden acortar" por imperativo legal. Además, una vez obtenidas todas esas autorizaciones ambientales, aún será necesario "encargar la redacción del proyecto" y, a continuación, "contratar e iniciar las obras", es decir, al menos cuatro o cinco meses más, lo que aboca al menos a esperar a 2018.
Reuniones con las cofradías
Portos indica que toda esta "compleja tramitación" ha sido explicada en varias ocasiones a los sectores implicados. En abril pasado ya se expuso a las cofradías un posible plan provisional de actuación, desde el Club Naval hasta Placeres, y en octubre pasado se mantuvo un nuevo encuentro con los mariscadores, donde se avanzó este calendario hipotético.
Aunque Portos evita fijar plazos definitivos, otras fuentes reconocen que comenzar las obras en 2017 "es imposible", con lo que serán necesarios al menos siete años de trámites para que en 2018 sea realidad este proyecto que comenzó en 2011, afectado además por varios cambios legislativos. De este modo, el acuerdo municipal del pasado lunes ya queda por completo descartado. En él, BNG, PP, PSOE y Ciudadanos reclamaban que las tareas comenzaran el próximo año y con una ejecución continuada, no por fases.
