El juicio que tenía previsto celebrar hoy la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra por una presunta estafa en la venta de casas prefabricadas por parte de una empresa de Cotobade tuvo que ser suspendido. El motivo fue la incomparecencia de uno de los letrados al no ser notificado de forma correcta.

La Fiscalía solicita en este caso una pena de 7 años de prisión, una multa para su empresa de 372.240 euros y que se indemnice a los dos afectados con 20.000 y 73.000 euros por un delito de estafa o, en su caso, de apropiación indebida.

Según el fiscal, el acusado suscribió con una pareja un contrato para la compra de una casa prefabricada por un precio que se pactó en 72.200 euros y que los afectados tenían previsto ubicar en Mourente. Pese a que recibió el precio convenido, el acusado, según el fiscal, nunca construyó la casa ni tuvo "intención de hacerlo" dado que no llegó a encargar ni siquiera el material necesario para la construcción de la vivienda.

En noviembre de 2013 realizó otro contrato con otro afectado para instalar una vivienda de madera en Campo Lameiro entregando la víctima 20.000 euros que el acusado nunca le devolvió a pesar de que tampoco construyó la vivienda. El afectado exigió al acusado la devolución del dinero, y este le entregó cuatro pagarés por valor de cinco mil euros cada uno que la víctima no pudo llegar a cobrar por falta de fondos en las cuentas del emisor.