![La última visita de la "piqueta", en septiembre de 2015 | De las diez demoliciones divulgadas por la APLU en Pontevedra, la última fue en septiembre de 2015, hasta más de un año, con el derribo de una caseta ubicada en suelo no urbanizable común. En mayo de ese mismo año la "piqueta" eliminó una construcción de planta baja y tres auxiliares. En ambos casos, a igual que el resto, se trata de edificaciones en el rural, ámbito donde se concentran las inspecciones de la APLU y entre cuyas funciones, además de investigar posibles infracciones de oficio, están las de tramitar expedientes de reposición de la legalidad, órdenes de reposición, imponer sanciones o impugnar licencias ilegales.](https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/0aa86a96-81c3-4ccb-8752-8a1bbe3191ae_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg "La última visita de la "piqueta", en septiembre de 2015 | De las diez demoliciones divulgadas por la APLU en Pontevedra, la última fue en septiembre de 2015, hasta más de un año, con el derribo de una caseta ubicada en suelo no urbanizable común. En mayo de ese mismo año la "piqueta" eliminó una construcción de planta baja y tres auxiliares. En ambos casos, a igual que el resto, se trata de edificaciones en el rural, ámbito donde se concentran las inspecciones de la APLU y entre cuyas funciones, además de investigar posibles infracciones de oficio, están las de tramitar expedientes de reposición de la legalidad, órdenes de reposición, imponer sanciones o impugnar licencias ilegales.")
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, ha puesto en marcha una campaña de inspecciones de oficio en el rural pontevedrés, en busca de posibles infracciones o edificaciones ilegales, que ha levantado la preocupación entre los vecinos y el malestar en el gobierno local, hasta el punto de que la comisión municipal de Urbanismo del próximo jueves debatirá el asunto para pedir explicaciones a la citada Axencia.
Así lo aseguró ayer la concejala del área, Carmen da Silva, después de recibir el Concello en los últimos días numerosas quejas de vecinos a los que ya han visitado los inspectores de la APLU. De hecho, durante la mañana de ayer la edil atendió personalmente alguna de estas quejas por la apertura de expedientes sancionadores e incluso amenazas de derribo. De entrada, la edil ha querido aclarar que estas investigaciones son ajenas al Concello y forman parte del plan de trabajo de la agencia para el periodo 2016-2017. En segundo lugar, apunta que "algunas de las explicaciones que se le están ofreciendo a los vecinos son falsas". Según las quejas vecinales, en las visitas los técnicos de la Xunta se indicaría a los afectados que el Plan de Urbanismo de Pontevedra no está adaptado a la ley gallega y algunas de las irregularidades detectadas se podrían resolver si hubiera un nuevo Plan".
Al respecto, Da Silva quiso dejar claro que "Pontevedra dispone de un Plan vigente, que delimita los núcleos rurales, en los que se puede construir". Otra cosa, tal y como también aclara la propia Axencia, son las irregularidades al margen del Plan, como edificaciones levantadas sin licencia alguna (al margen de qué suelo ocupen), que "son de responsabilidad exclusiva del infractor".
El plan de trabajo de la APLU para estos dos años se publicó en agosto pasado en el Diario Oficial de Galicia y en él se establecía el objetivo oficial de "evitar que se lleven a cabo obras, instalaciones o usos que contravengan la normativa urbanística", si bien en el caso de Pontevedra únicamente se refieren al rural., ya que la APLU se centra en terrenos rústicos y de núcleo rural, sin incidir en el casco urbano. Entre los criterios para seleccionar a los municipios investigados la Axencia da prioridad a aquellos territorios que "no fueron inspeccionados en los últimos tres años", los costeros o por lo que transcurra algún camino a Santiago, criterios que reúne Pontevedra. También se hace especial hincapié en los concellos que están integrados en la APLU, si bien la capital no cumple esa condición. En la provincia, sí firmaron convenios con esta departamento al menos 11 municipios, entre ellos los de Barro, Caldas, Cuntis, Moraña y Vilaboa.
Derribos anteriores
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística comenzó su actividad a mediados de 2008 y desde entonces ha actuado de forma especial en la comarca en el municipio de Sanxenxo y ha generado también un sinfín de expedientes en Vilaboa, pero su ámbito de actuación es global.
Así, en estos nueves años la Axencia ha decretado y ejecutado al menos diez demoliciones en el municipio de Pontevedra, siempre en el rural, según los balances anuales de su página web. El primer derribo se llevó a cabo en agosto de 2008 en Bora, afectando a una nave industrial. Hasta septiembre de 2010 no llegó el segundo caso, muy sonado, ya que fue el tanatorio de Montecelo, en Mourente. En febrero de 2012 se actuó contra un movimiento de tierras y en 2013 hubo dos derribos. El año 2014 es, hasta el momento, el de mayor número de casos, 3: en mayo se derribó una vivienda unifamiliar, en julio una estructura para una nace y en noviembre, la buhardilla de una casa en Pazos (Marcón). En 2015 hubo dos demoliciones más y hasta el momento no se registra ningún caso este año.
