El gobierno local ha solicitado a los servicios económicos municipales la elaboración de un informe que indique cómo hacer frente a la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el pasado 7 de junio que condena al Concello a abonar a los hermanos Rocafort 3.010.872 euros en concepto de expropiación de una finca de la Rúa das Cunchas, toda vez que esta familia ha solicitado el pago de esta cantidad, a la que habría que sumar los intereses generados desde el momento en el que comenzó la reclamación judicial.

El gobierno local apela a "la situación financiera del Concello, que hace frente a la sentencia del SU 13, negociada en pagos trimestrales hasta finales de 2017 y que asciende a 4,8 millones de euros sumados intereses, así como a otras indemnizaciones importantes, aunque de menor cuantía", para solicitar "un informe con el fin de conocer la disponibilidad financiera del Concello para poder asumir esta nueva sentencia condenatoria".

Los hermanos Rocafort solicitaron el pasado 26 de agosto el pago de la sentencia toda vez que la cantidad estipulada en la misma solo puede ser modificada al alza, nunca a la baja. La familia presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que el Concello de Sanxenxo se ha personado. Sin embargo no ha podido recurrir el fallo dictado el pasado mes de junio por el TSXG ya que "el gobierno anterior, del PP, había aceptado una valoración de la parcela de 2.609.332,56 euros, cantidad que tildó además de adecuada, y la diferencia con la fijada en la sentencia, de 3.010.872 euros. El hecho de que la diferencia entre ambas cifras sea inferior a 600.000 euros imposibilita al Concello para recurrir", explicó ayer el gobierno local.

Añade el Concello que "las Normas Subsidiarias, que estuvieron en vigor 13 años, recogían como zona verde la parcela propiedad de la familia Rocafort, situada en las inmediaciones del Paseo de Silgar, en la Rúa das Cunchas y estipulaban una expropiación como fórmula para que esta superficie pasase a ser de disfrute público". Explica que "en 2003, la aprobación del PXOM mantuvo esa misma calificación urbanística, pero la adscribió al Suelo Urbanizable número 20, situado en Canelas, impidiendo así cualquier posibilidad de negociación", y que derivó en una serie de pleitos judiciales que acabaron con el justiprecio de algo más de tres millones de euros que ahora pide la familia.