Apenas una semana después de que se hiciera oficial la concesión a Pontevedra de diez millones de euros de fondos europeos para extender el modelo urbano, este proyecto ya levanta chispas entre el gobierno local y la oposición, que acusa al BNG de excluirla de los órganos donde se decidirá el reparto económico y los proyectos que se financiarán. El concejal de Mobilidade, Luis Bará, admitió ayer que será el gobierno local el que "tenga la última palabra", aunque se "tenga en cuenta" la opinión de un "grupo de participación social" en el que no tendrán cabida los grupos políticos. Para ellos, la comisión informativa se transformará en una "comisión de seguimiento" donde se analizarán los proyectos y la oposición "podrá formular propuestas".

Pero este modelo no resulta suficiente para el PP, cuyo concejal César Abal ya habló ayer de "pucherazo" del BNG. En términos parecidos se manifestaron los portavoces de Ciudadanos y PSOE instantes después de la reunión con Bará en la que el concejal nacionalista desgranó las líneas básicas de funcionamiento del plan "Máis modelo" desde aquí hasta 2022, cuando concluye el plazo de ejecución de las obras. Bará explicó que ya se han celebrado reuniones internas del gobierno local para "reprogramar" las actuaciones, toda vez que se solicitaron 15 millones de euros pero la concesión final es de diez. Al respecto, el edil del BNG admitió que aún no está decidido si se eliminará alguna de las veinte acciones originales, se unifican o se reduce el presupuesto de cada una, ya que "todas ellas son del máximo interés, necesarias, viable y prioritarias". La peatonalización del puente de O Burgo, mejoras en O Marco y Mollabao, la administración electrónica o núcleos de centralidad en Tomeza, Marcón y otras parroquias son algunas de las iniciativas previstas.

De entrada, los pasos públicos serán la creación de un órgano propio de gestión y un grupo de participación social, con entrada a entidades de la ciudad y otras administraciones, pero no a la oposición. Tampoco se descarta convocar al Consello Económico y Social (CES) puesto que en su día este órgano consultivo aprobó por unanimidad la candidatura pontevedresa. En todo caso, ninguno de estos grupos tendrá poder de decisión sobre el reparto de los diez millones de euros.

Es aquí donde se agranda la grieta entre el BNG y la oposición. Aunque todos los grupos comparten ese malestar, la voz de protesta la puso ayer el popular César Abal, que recordó que "en su día nos pidieron el apoyo para la candidatura ya que la unanimidad aumentaba la puntuación, pese a que criticamos la forma en la que se elaboró el documento y que no contó con nuestras propuestas, pero ese consenso se rompe ahora con este pucherazo del BNG".

César Abal insiste en que "nos sentimos estafados porque Bará va a optar por crear un grupo nuevo, vetando a los cuatro grupos de la oposición y sin contar con el Consello Económico y Social, que fue determinante para la obtención de esos fondos". De hecho, el PP emplaza a eliminar el CES "ya que no le gusta al BNG", al que acusa de "dar portazo tras portazo a los demás grupos municipales y limitar su labor a hacer un seguimiento del destino de esas ayudas".