Cada vez que surge la polémica de los reparos levantados y, sobre todo, su elevado número, el gobierno local replica que se trata de un mecanismo legal y habitual en todos los concellos. De hecho, las pesquisas del Consello de Contas también incluían, entre otros, a Cangas y Marín. Además, alega que en su mayor parte corresponde a asuntos de "índole menor" y las advertencias técnicas se centran en aspectos como la exigencia de contratar de forma independiente al técnico de seguridad y salud, o por el pago de fotocopias o de suministro de asfalto.

En cambio, el PP, que cifra todo el volumen de facturas implicadas en esta práctica en 10 millones de euros, sostiene que entre ellas hay algunas de gran calibre, como una de 961.800 euros por trabajos de señalización, una de 417.000 euros por obras en el entorno del Hospital o una más de 350.000 euros a Elsamex. También denuncia el PP las "sospechas" de fraccionamiento de contratos de modo que un mismo servicio o suministro se dividiría en varias partes para establecer contratos de menor cuantía y facilitar así la adjudicación directa.

Al respecto, González Carballo ha explicado que de los 190 reparos levantados, trece correspondían al problema del técnico de seguridad y salud (que no puede abonar la empresa que ejecuta las obras), 22 a pago de fotocopias y 10 al mantenimiento de los ascensores. También restó importancia al supuesto fraccionamiento de contratos, que cifró en 13 posibles casos, en su mayor parte por suministro de aglomerado para bacheos, arreglo de bancos y diversas reparaciones en la antigua residencia de la ONCE, ahora reconvertida en local cívico-social.