Poco más de ocho meses en el caso de la recogida de basura y la limpieza viaria y apenas cinco para el servicio de abastecimiento de agua. Es lo que resta para que ambas concesiones, las de mayor volumen económico para las arcas municipales, con 12 millones al año, concluyan. Con estos plazos, el gobierno local encara la fase decisiva para sacar a concurso nuevas concesiones, un paso ineludible en el caso de la basura toda vez que el futuro contrato será radicalmente distinto al actual con la implantación del sistema de compostaje en todo el municipio, ahora prácticamente inexistente.
Más sencillo, en cambio, se presenta el contrato del agua, puesto que no se prevén cambios como en el otro caso, si bien es el que tiene un horizonte más corto, ya que el 1 de marzo próximo estará caducado. Esta concesión cumplirá entonces veinte años desde su firma, en 1997, y ya fue denunciada hace un mes con el fin de dejar claro que no habría prórrogas y se sacará a licitación.
La situación de mayor complejidad se presenta en la recogida de basuras. Pasados más de dos años desde que se anunció un acuerdo con la Diputación para impulsar una planta de compostaje como alternativa parcial a Sogama, las experiencias al respecto se limitan a un plan piloto en Príncipe Felipe y a la instalación de varios módulos de creación de compost en Monte Porreiro. En cambio, la extensión de este modelo a otros barrios todavía no se ha aplicado. Eso sí, la concejala Carmen da Silva, que coordina esta transformación del sistema, garantiza que "llegaremos a tiempo" de aquí a junio.
Equipo multidisciplinar
La propia edil explicó ayer que un equipo "multisdisciplinar de expertos en medio ambiente, juristas y economistas" ofrecido por la Diputación (competencia provincial que encabeza el también nacionalista César Mosquera, principal impulsor de este nuevo modelo) "está elaborando el plan específico para Pontevedra" con las claves para abandonar la recogida tradicional actual de basuras y optar por el compostaje. "Están ultimando ese trabajo", asegura Carmen da Silva que, en cambio, no se atreve a garantizar que el documento ya esté disponible para octubre, como se pensaba. Ese plan servirá de base para elaborar el pliego de condiciones del nuevo concurso municipal de adjudicación del servicio ya que incluirá un reglamento propio y otros documentos necesarios.
Sea como sea, el calendario originalmente programado va con cierto retraso. El compostaje piloto puesto en marcha en Monte Porreiro, con recipientes aportados por la Diputación, no entró en funcionamiento hasta finales de agosto, con lo que sus resultados no se conocerán hasta noviembre o diciembre. Aún así, Da Silva asegura que "está siendo un éxito" tanto por la participación de los vecinos, clave en este proceso, como por la propia elaboración del compost.
La previsión de que a estas alturas del año ese modelo experimental ya estuviera extendido a todo ese barrio y a la totalidad del de Campolongo no ha podido cumplirse, entre otras razones porque el Concello aún carece de composteros propios y solo cuenta con los entregados por el ente provincial.
Compra de composteros
Hace varios meses trató de habilitar una partida de 400.000 euros para su compra, pero la oposición al completo frustró la medida y obligó a buscar otras vías. El gobierno local dispone en el presupuesto de 2016 de una partida de 130.000 euros para la adquisición de composteros, tanto individuales como colectivos, pero esa cantidad es insuficiente para los planes municipales de expansión. Con esos fondos se gestiona la compra de 309 módulos de compostaje, de los que 204 se instalarán en las zonas de Monte Porreiro ahora no cubiertas, en 33 puntos de reciclaje, y otros 105 en Campolongo, con al menos una quincena de ubicaciones. En ambos casos se alude a la demanda vecinal para comenzar por esos barrios, pero no hay una previsión concreta para extenderlo al resto de la ciudad pese a que en menos de nueve meses debe estar resuelto el concurso y adoptado el nuevo sistema, que incluye un cambio sustancial del actual modelo de contenedores.
Al respecto, las campañas de concienciación tampoco han avanzado mucho en estos meses y tan solo se acaba de convocar un concurso para elaborar una pieza audiovisual al respecto.
Lo que también transcurre con retraso es el proyecto de la planta de compostaje prevista en A Canicouva y podría aplazarse como mínimo hasta 2019 ya que mientras tanto se pueden utilizar otras instalaciones de la provincia. El gobierno local admite que la "prioridad es la recogida, no la planta", sujeta por el momento a un pleito judicial entablado por la plataforma de Pontesampaio que se opone a la ubicación elegida en los montes de la vecina parroquia de A Canicouva. Se insiste en que "es fundamental la recogida y el tratamiento in situ". En todo caso, en diciembre próximo se cumplirá el primer año de alquiler de esos terrenos a los comuneros, por los que se pagan unos 20.000 euros anuales.
