Marín se aferra a la postura oficial de Puertos del Estado, expuestos en abril pasado, y confía en que se mantengan ante este nuevo intento de López Veiga, con la petición de que intervenga la Comisión de la Competencia. En aquella ocasión el organismo estatal que preside José Llorca atribuía el traslado a Marín de Maersk "a una consecuencia de la existencia de un mercado competitivo".
En aquel informe, Llorca afirmaba que "no puede establecerse un nexo causal entre ninguna concreta conducta administrativa atribuible a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra y el resultado de la subasta desarrollada por Maersk", puja sobre la que "no cabe predicar ilegalidad alguna conocida". Por esta razón, descartaba no solo la intervención de su departamento en este conflicto, sino también la de elevar el caso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, vía que ahora reitera Vigo.
Aquella respuesta de Puertos desmontaba todos los argumentos esgrimidos por el presidente del puerto vigués. En cuanto a una supuesta diferencia de la situación competitiva, Puestos del Estado negó que el terminalista de Marín se viese favorecido por la situación legal actual. "Al menos a nivel de principios, no puede juzgarse contrario al ordenamiento jurídico un resultado como el que se denuncia", zanja.
Sobre la queja de "alteración de la competencia efectiva", El organismo estatal descartaba la desigualdad en condiciones de competencia y también la situación discriminatoria que sufriría el terminalista de Vigo al verse obligado a cumplir una ley "desventajosa", como mantiene Veiga. "Aquí lo que se produciría es una diferencia de precio entre distintos oferentes en recíproca competencia como consecuencia de la diversa eficiencia productiva de unos y otros", señala. Por tanto entiende que no se produce una "alteración o transgresión ilegal de las reglas del libre mercado, sino ante una consecuencia directa de la aplicación del principio del libre mercado que premia al más eficiente en perjuicio del que no lo es".
