La amenaza de plante que desde hace semanas lanza un sector de empresarios de atracciones de feria parece hacer mella en el proceso emprendido por el Concello para adjudicar las más de 300 plazas establecidas para la instalación de puestos, tómbolas, churrerías y demás elementos de las fiestas de la Peregrina y de Santiaguiño. A apenas diez días para que comience la cita de O Burgo, el gobierno local únicamente ha logrado adjudicar 56 puestos, lo que representa menos del 16% de todo el espacio disponible tanto en el recinto ferial (para Santiaguiño) como, especialmente, en la Alameda, Las Palmeras y la calle Reina Victoria, epicentro de las fiestas de la Peregrina en el mes de agosto.
Con un total de 351 espacios habilitados en ambos emplazamientos, sobre todo en el segundo, hasta ayer martes todavía estaban sin adjudicar 295, lo que supone el 85% de toda la oferta, si bien fuentes municipales aseguraron ayer que a finales de esta semana estaba prevista la firma de nuevos contratos para cubrir algunas de esas vacantes. De hecho, desde que a principios de abril se convocó el proceso de adjudicación, mediante la subasta al mejor postor, solo se ha divulgado un primer resultado, si bien el Concello mantiene abierta la convocatoria de forma permanente, para disponer de una entrada constante de ofertas y poder cubrir todas las plazas.
Desde el mismo momento de la convocatoria surgieron voces desde el sector de feriantes para que se cancelara el sistema de subasta de los puestos. Los feriantes denunciaron diferencias de precios injustas sobre las parcelas que se ocuparán en la Alameda y su entorno e irregularidades como falta de transparencia, al no haber notificado el día de apertura de sobres de la subasta. Jorge Fariña, portavoz de este colectivo de empresarios, aseguraba hace unos días que la mayor parte de los feriantes con aspiraciones a instalar su puesto en la Peregrina y O Burgo respalda la demanda de cambiar las bases de la subasta y que están dispuestos a no acudir a las fiestas si el Concello no atiende sus reivindicaciones.
Además, alertaban de que en algunas de las atracciones ya adjudicadas, las dimensiones de los aparatos "son mayores que la cabida de la plaza. Es decir, no cabe en dicha plaza" y recuerdan que "el pasado año ya se había comprometido el gobierno local a resolver este problema, enviaron un técnico a medir in situ, con las instalaciones ya montadas y han vuelto a salir las medidas erróneas". Las protestas se deben a la nueva modalidad de adjudicación, que por vez primera se establece por dos años (2016 y 2017) pero se repite la novedad introducida el pasado año de contratar las atracciones con aquellos empresarios, artesanos y otros interesados que presenten las ofertas más altas para sus puestos en sobre cerrado, con precios de salida desde los 40 y los 10.000 euros, según el tipo de actividad, tamaño y ubicación.
Nuevas convocatorias
Los feriantes se oponen a los precios y a que se realizan las ofertas en sobre cerrado, preferían a mano alzada, pero el Concello desestimó parte de sus peticiones y siguió adelante con el proceso. Tras las primeras asignaciones de espacio para las atracciones y puestos, tiene abiertas nuevas convocatorias para adjudicar las parcelas vacantes, un proceso que puede prolongarse hasta las vísperas de la programación de O Burgo en función de cómo evolucione este conflicto. El Concello cerró el 9 de mayo el primer plazo de recepción de ofertas por parte de los feriantes con propuestas para los espacios de venta de artesanía y similares, y también de grandes atracciones de tómbolas, churrerías y de otro tipo. Este proceso de oferta de espacios, que rechazan los feriantes críticos, se repetirá siempre que existan vacantes y de forma periódica hasta que se cubran todos los puestos. En las últimas semanas no hubo más contactos con los feriantes díscolos, después de las negociaciones celebradas a principios de mayo y que acabaron sin acuerdo. Entonces el gobierno local ya rechazó la petición de abonar un 25% de la tasa antes de las fiestas y dejar el resto para después, un reparto que se considera "contrario a la ley".
