Aunque por el momento no se quiere acudir a las multas, la ordenanza califica la desobediencia como infracción urbanística leve, que podría serán sancionada con multa de 300 a 6.000 euros, junto con posibles órdenes de ejecución para "la reposición de la legalidad urbanística". Estas sanciones aumentan su cuantía en caso de reiteración de la desobediencia.
De igual modo que no se quiere aplicar "mano dura" con los infractores, al menos de momento, el Concello tampoco tiene previsto establecer algún tipo de ayudas o subvenciones a los propietarios para sufragar en parte de los gastos que acarrean estas inspecciones. Estas ayudas fueron solicitadas en su día por el PP toda vez que cada dueño debe contratar a unos técnicos privados para que realicen la inspección, un trabajo que puede oscilan entre los 500 y los mil euros. Se da la circunstancia de que hace unos días el gobierno local alertaba de que una empresa del sector contactaba con los propietarios y ofrecía sus servicios y muchos de los receptores pensaban que eran recomendados por el Concello. Desde las oficinas municipales se aclaró que no hay recomendación oficial alguna y cada propietario puede contratar el técnico que desee.
