La ex secretaria general de la Cámara de Comercio de Pontevedra y actual responsable de la oficina cameral en esta ciudad, Charo Lorenzo, se reconoció autora de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y cohecho, en el juicio celebrado ayer en el juzgado Penal 3 de Pontevedra. Al admitir los cargos que se le imputan y para evitar la entrada en la cárcel, la actual responsable de la Cámara en Pontevedra ha aceptado un año de prisión, además de seis meses de suspensión del cargo de secretaria general de la Cámara -puesto que ya no ocupa-, así como un año y seis meses de inhabilitación para cargo público por el delito de cohecho y una multa de algo más de 2.000 euros. Para llegar a este acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, la responsable de la Cámara ha devuelto además los 22.800 euros que se le reclamaban.
En el banquillo del Penal 3 de Pontevedra se sentó junto a Charo Lorenzo el empresario Juan José María Lago, representante de la Cámara en Brasil, implicado en este proceso y acusado de un delito de cohecho.
Empresario
También se declaró culpable para aceptar dos años de prisión y una multa de 2.160 euros, así como la prohibición para obtener subvenciones o incentivos fiscales o firmar contratos con organismos públicos durante cinco años.
Ninguno de ellos ingresará en prisión, según ha explicado el fiscal Augusto Santaló, con la condición de que no cometan ningún delito durante dos y tres años, respectivamente, pero la inhabilitación para la ex secretaria cameral era "innegociable".
Esto significa, según ha explicado el fiscal al término del juicio, que Charo Lorenzo no podrá seguir durante los próximos dos años ejerciendo ninguna responsabilidad en la Cámara que implique asumir "funciones iguales o similares" a las que tenía en la etapa en la que cometió el delito, aunque se cambie el nombre de su puesto.
En cuanto a las penas de prisión, antes de llegar a este acuerdo, a la ex secretaria general de la Cámara de Pontevedra se le pedía una pena de tres años por estos delitos.
Durante diez años
Los hechos juzgados ayer se derivan de que durante diez años, hasta 2012, la Cámara de Comercio de Pontevedra firmó con la oficina comercial de Brasil una serie de contratos para el asesoramiento, apoyo y asistencia a las actividades de exportación e internacionalización, valorados en 3.800 dólares mensuales y que eran abonados a través de un programa subvencionado por la Xunta de Galicia.
Para cobrar esa cantidad, el empresario tenía una cuenta bancaria domiciliada en Pontevedra de la que Rosario Lorenzo, según el fiscal, era apoderada y de la que retiró unos 16.000 euros en tres años.
En su investigación, el fiscal concluyó que esos pagos eran una "contraprestación" que abonaba el empresario a la secretaria de la cámara pontevedresa para lograr la adjudicación de estos contratos de asesoramiento.
Nombramiento
La fiscalía todavía tiene abiertas otras dos investigaciones sobre las actividades de Rosario Lorenzo en la Cámara de Comercio de Pontevedra.
Sin embargo, el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía nombró el pasado día 23 de mayo a la secretaria de la extinta Cámara de Pontevedra responsable de la oficina cameral en esta ciudad. Charo Lorenzo mantenía así la confianza de los órganos rectores de la entidad fusionada justo a unas semanas de que tuviese que sentarse en el banquillo de los acusados por su implicación en un presunto delito de cohecho y otro de negociaciones prohibidas a los funcionarios durante su anterior etapa como secretaria de la Cámara de Pontevedra. Un delito por el que el fiscal reclamaba inicialmente una pena de tres años de prisión. El acuerdo entre la fiscalía y la defensa evitó que la acusada -ahora condenada en firme- tenga que entrar en prisión.
La acusación pública por este caso se inició en mayo de 2015, por lo que ha transcurrido algo más de un año para que los acusados llegasen a sentarse en el banquillo.
El procedimiento ha estado paralizado debido a la imposibilidad de notificar personalmente a Juan José María Lago el escrito de acusación formulado por la acusación pública.
La parálisis de este caso venía dada además por el hecho de que el juzgado entendía que, además de la notificación del escrito de acusación al letrado que representa a Juan José María Lago, esta comunicación se debería llevar a cabo personalmente con el propio acusado, que según consta en el juzgado tiene fijada su residencia en Brasil. Desde mayo pasado, esta notificación personal no se había podido llevar a cabo.
