Pontevedra no se librará del denominado "catastrazo" de galpones, granjas, invernaderos, hórreos o establos, una revisión catastral que lleva a cabo el Ministerio de Hacienda desde 2013 para incluir en la valoración del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), todos estos elementos asociados al rural gallego y que hasta ahora estaban exentos de esa tasa fiscal. Con su inclusión, los propietarios verán aumentada su cuota y tanto Hacienda como los concellos recaudarán más.
Hasta ahora este proceso ya ha afectado al menos a una treintena de municipios de la provincia y para este verano se prepara una nueva remesa de inspecciones. Según fuentes municipales, Hacienda ya ha enviado al menos dos comunicaciones al Concello avisando de sus intenciones, si bien por el momento se ha logrado aplazar, si bien se da por hecho de que "algún día llegará". En el caso de Pontevedra sería una segunda revisión, después de la actualización catastral realizada por el ministerio en los últimos meses, por la cual los valores catastrales se elevaron en un 10% con respecto a los del ejercicio anterior. No obstante, ese aumento no repercutiría, en principio, en los recibos anuales toda vez que desde este ejercicio se anula una subida del mismo porcentaje que se aplicaba desde 2013. Así lo asegura el concejal de Facenda, Raimundo González Carballo.
Igual que viviendas o piscinas
La revisión rural que ahora tiene en marcha el ministerio establece que propiedades como galpones, naves agrícolas, invernaderos, hórreos, establos, cobertizos y otras construcciones auxiliares pasarán a tributar por el IBI igual que la primera vivienda, garajes o piscinas, cuando hasta ahora estaban exentas de este impuesto rústico. La inclusión de estas propiedades en el nuevo catastro ya ha provocado que los valores en Vilaboa hayan crecido en el último año un 31% y más de un 14% en Marín, por ejemplo, no así en Pontevedra, donde la actualización catastral (un proceso al margen de esta revisión en el rural) se mantuvo en el 10% previsto inicialmente por el Concello.
Además de elevar el recibo que deberá pagar cada contribuyente, la inclusión de esos elementos como una supuesta segunda vivienda supondrá un "aumento ficticio del patrimonio" de los ciudadanos, lo que repercutirá, de entrada, en el cómputo patrimonial a la hora de solicitar becas, de ahí que la Xunta ya haya pedido a Hacienda una "excepción" al respecto para el caso de Galicia.
Unións Agrarias ya denunció en su día los efectos de lo que definen como "catastrazo" ante el elevado número de galpones y estructuras similares existentes en Galicia. Una vez que el Gobierno finalice el rastreo es el propio concello el que debe determinar la tasa que permite la normativa: desde la más baja del 0,3% del valor de la propiedad a la más alta de un 0,9%. Desde la organización agraria alertan de que la revisión catastral multiplicaría por 10 los ingresos que los concellos logran al año por la contribución rústica.
Ejemplos
El sindicato pone como ejemplo el caso de un establo valorado en 100.000 euros que hasta ahora no pagaba nada por esta instalación. Con la regularización su propietario pasaría a pagar unos 900 euros al año si se aplicase la tasa máxima y 300 con la mínima. Si se tienen en cuenta los atrasos de los últimos cuatro años, que también se podrán reclamar, la cuantía podría ascender a los 1.000 euros.
Otras fuentes apuntan que esta revisión se realiza mediante imágenes aéreas y se ha dado el caso de computar como edificación una lona utilizada para cubrir estiércol o rastrojos.
La Fegamp insiste en que será cada concello el que decida que tasa se aplica (del 0,3% al 0,9%), así como la posibilidad de establecer bonificaciones de hasta el 95% para aquellas explotaciones o industrias agroganaderas que así lo requieran.
