El Ministerio de Hacienda ya ha concluido, y calibrado, la actualización de los valores catastrales de toda la ciudad, cuya revisión fue solicitada el pasado año por el Concello para mantener la recaudación por el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Esta actualización se cifra en algo más de 274 millones de euros, cuantía en la que ha subido, en apenas unos meses, el valor catastral total de los bienes urbanos. Si hasta finales del pasado año Hacienda tasaba la ciudad en 2.480 millones de euros, ahora ese "precio total" se eleva a 2.755.038,77 euros, un 11% más.
Con un total de 70.834 unidades catastrales, cuyo valor sirve de base para fijar la cuantía del IBI que abonan cada año los contribuyentes, la tasación media de cada una de ellas pasa de los 35.132 euros de hace seis meses, a casi 39.000 (en concreto 38.894 euros) actuales. Esta actualización fue solicitada expresamente por el gobierno local el pasado año, amparándose en un decreto de 2004 que permite ese aumento de los valores en aquellos municipios cuya ponencia tenga más de cinco años de vigencia. La de Pontevedra es de 2001.
Ya en octubre pasado el grupo municipal del Partido Popular exigió al gobierno local que renunciara a esa actualización de los valores catastrales del IBI. Incluso elevó el asunto al pleno, pero no encontró apoyo en los demás grupos. Denunciaban entonces que el equipo municipal "solicitó voluntariamente al Estado aplicar los coeficientes de actualización de valores catastrales en el próximo año 2016", medida que "supone un incremento del 10% del valor catastral" y si reflejo, por tanto, en los recibos del IBI.
Aquella propuesta del PP llegaba apenas unos días después de que el BOE publicara, en septiembre de 2015, que Pontevedra se encontraba entre los ayuntamientos gallegos objeto de esta actualización catastral, junto con Marín, Poio, Vilaboa, A Guarda, Agolada, Bueu, Dozón, Mondariz-Balneario, Nigrán, O Grove, Rodeiro, Soutomaior, Tui y Vilanova y Arousa. El gobierno local aseguró entonces que el ciudadano no iba a notar incremento alguno en su recibo. La razón es que en 2015 dejó de tener vigencia la subida excepcional del IBI que decretó el Gobierno central en 2013 y que también era del 10%. Con la actualización, que implica una subida similar del 10% este año, se compensan ambas cifras y en el recibo la cantidad a pagar se equilibra, por lo que sería la misma que hasta ahora, insiste el Concello, si bien habrá que aguardar a final de año, cuando se pone al cobro el IBI; para verificar si es cierta esa explicación.
No se baja el recibo
En todo caso el PP ya reprochó al ejecutivo del BNG que no hubiera aprovechado esa oportunidad para rebajar la presión fiscal y recordaba que "el gobierno de Lores criticó la subida excepcional del 10% en el IBI que realizó el Estado en el año 2013 y ahora que se retira dicha medida excepcional, los nacionalistas no aprovechan para devolver este impuesto a los valores previos al estallido de la crisis, lo que supondría un ahorro para los bolsillos de los vecinos".
Desde el gobierno local se insistió en su día que esta actualización no incrementará el recibo e incluso se señaló que en el supuesto de que los cálculos finales detectaran un aumento de esos recibos, "se retocaría la ordenanza" para reajustar a la baja el coeficiente municipal, según explicó el edil de Facenda, Raimundo González Carballo.
Hace una década, en 2007, el valor catastral total del municipio superaba muy ligeramente los dos mil millones de euros (2.096.1622 millones) con algo menos de 62.000 unidades catastrales, lo que suponía una media de 33.856 euros por cada una de ellas. A partir de ahí los aumentos anuales oscilaban entre el 1 y el 2% aproximadamente, hasta que en 2015 se llegó a los 2.480 millones, con 70.604 unidades (a razón de 35.000 euros por cada una de ellas). Pero del pasado año al actual, el aumento derivado de la actualización equivale al acumulado en los siete años anteriores.
La aplicación de esta actualización del 10% puede ser solicitada por cada Concello si se cumplen algunas condiciones,. Una es que "hayan transcurrido al menos cinco años desde la entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior procedimiento de valoración colectiva de carácter general. Es decir, la aplicación de coeficientes de actualización para el año 2016 requiere que el año de entrada en vigor de la ponencia de valores de carácter general sea anterior a 2011". Otra es que "se pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio".
