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El gobierno local varió su procedimiento en la contratación de obras tras la Operación Patos

Dejó de adjudicar el control de seguridad y salud a la empresa que ejecuta cada trabajo, algo ilegal, y contrató a una firma específica -La Policía alertó al juez de estas anomalías

Desde hace unos meses, el Concello ya no encarga los controles de seguridad y salud de cada obra que adjudica a la misma empresa que ejecuta los trabajos, con lo que la compañía que ejecutaba una obra era también la encargada de certificar que se cumplían las condiciones en el trabajo. Por tanto esta práctica era ilegal, pero fue habitual durante años por parte del gobierno local, que argumentaba que de este modo "ahorraba fondos públicos" ya que evitaba contratar a una compañía especifica para esas labores de seguridad y salud. Pero todo cambió a raíz de la Operación Patos, la investigación judicial puesta en marcha por un juzgado de Vigo (desgajada ahora en varias piezas que asumen ya órganos pontevedreses) que analiza adjudicaciones municipales a la empresa Eiriña, entre otras firmas. La Policía detectó esa anomalía en las contrataciones de las obras de reforma de Santa Clara y la avenida de Vigo.

Pero si fue la Operación Patos la que llevó al gobierno local a corregir estas irregularidades, lo cierto es que la persistencia del equipo municipal en no cumplir la ley en este procedimiento ya era objeto de advertencias de los técnicos municipales durante los años anteriores, que siempre eran desoídas por el alcalde. Fue la investigación judicial la que encendió las alarmas en el equipo de Miguel Fernández Lores, que ya ha contratado a una empresa especializada, independiente de la que ejecuta las obras en sí, para controlar que se cumplen las condiciones de seguridad y salud. De momento se trata de una contratación provisional, negociada, pero la intención es convocar un concurso para resolver una situación que ha supuesto más de un quebradero de cabeza en los últimos años, cuando el de Pontevedra se convirtió en el municipio donde mayor número de reparos se levantan. En los últimos tres ejercicios cerrados (de 2012 a 2014) el alcalde desoyó 629 de estas advertencias de los técnicos, y además, en aumento año a año. Si 2012 se cerró con 138 de estos avisos levantados, al año siguiente ya se pasó a 206 y en 2014 se llegó al récord de 285, incluyendo la Conta Xeral del Concello más las actuaciones de los organismos autónomos del Instituto Municipal de Deportes y del Pazo da Cultura.

Este elevado número ya llamó la atención en dos ocasiones del Consello de Contas, pero también acabó en el sumario de la Operación Patos por las pesquisas policiales en torno a las tres obras adjudicadas en su día a la empresa Eiriña (la reforma de las calles Santa Clara y avenida de Lugo y un asfaltado en Salcedo). En los tres casos la Policía alertó del "incumplimiento" de las condiciones del concurso por encargar el control de seguridad y salud a la misma empresa que ejecutaba las obras.

Pero el Concello no solo incumplió la norma referida a la seguridad y salud en esas actuaciones, sino en otros muchos proyectos de gran envergadura como el desdoblamiento de la avenida de Vigo, la ejecución del centro social de Salcedo, la reforma de las calles Álvarez Limeses y Cervera Mercadillo (que ya suman más de ocho millones de euros), las reparaciones en el Teatro Principal e incluso en el polémico contrato de mantenimiento de jardines. Y se extendió a la práctica totalidad de obras ejecutadas en 2014: mantenimiento de vías rurales, la segunda fase de la reforma de Blanco Porto o las reparaciones en la avenida de Marín. En todos estos casos los reparos de los técnicos advertían textualmente que "no puede informarse la inclusión dentro del objeto del contrato al responsable en materia de seguridad y salud dado que el técnico designado estará integrado dentro de la dirección facultativa encargada de la dirección y control de la ejecución de la obra".

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