Al menos cuatro técnicos municipales comenzarán de inmediato a analizar las 1.110 alegaciones presentadas contra la modificación de la ordenanza municipal de tráfico con la que la oposición, frente al criterio del BNG, pretende regular el tamaño y la ubicación de los "lombos". Los responsables de los servicios de Arquitectura, Ingeniería y la Policía Local, además del secretario del pleno deben emitir sus respectivos informes acerca de estas alegaciones y no se descarta que también se solicite algún estudio jurídico, de modo que el proceso se puede demorar varias semanas. El PP, promotor de aquel acuerdo plenario, ya realiza un seguimiento de este proceso para redactar su respuesta.
El BNG confía en que estos informes sirvan de base para estimar todas o parte de las alegaciones y echar abajo esa regulación de los "lombos", como ya se decidió con el acuerdo plenario que pedía tres vías sanitarias libres de estos pasos sobreelevados. No es una decisión aún firme, pero sí está claro que el gobierno local no está dispuesto a modificar la ordenanza municipal y regular los "lombos" de modo que de todos ellos se adapten a la normativa del Ministerio de Fomento. Para justificar esta negativa, el equipo municipal se escuda precisamente en esas 1.110 alegaciones La inmensa mayoría de ellas (1.101) fueron presentadas por la Federación de Vecinos Castelao, siete más a cargo de particulares y las dos restantes llegaron desde la Diputación, a cargo de su diputado de Infraestruturas, el nacionalista Uxío Benítez, y su asesor Jesús Fole, arquitecto que diseñó en su etapa municipal parte de la reforma urbana actual de la ciudad.
El BNG ya ha mostrado abiertamente su intención de "tumbar" el acuerdo plenario y esgrime que las 1.110 alegaciones refuerzan su idea de que "es necesario mantener y seguir instalando estos reductores de velocidad". El gobierno local sostiene que la normativa de Fomento, pensada para carreteras interurbanas y no para calles, "obligaría a eliminar" muchos de los "lombos" actuales, y también cuestiona la tramitación de la nueva ordenanza, por lo que aboga claramente por "la anulación de esta modificación o que no se proceda a su aprobación definitiva".
