Sanxenxo, destino turístico por excelencia de las Rías Baixas, mantiene ocupadas todo el año únicamente 5.800 de las 16.900 viviendas que integran el parque inmobiliario del municipio. Del resto, se calcula que unas 8.065 son segundas viviendas y que hay otras tres mil que, simplemente, están vacías. Todas ellas son susceptibles de ser alquiladas. En el paraíso del turismo de sol y playa gallego, se cree que un 30% de las viviendas del municipio pueden salir al mercado de alquiler solo durante el verano, según los cálculos que realizan varias inmobiliarias de la localidad, así como el propio Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo. La vivienda permanece alquilada unos pocos meses al año y su propietario percibe unos altos rendimientos, puesto que los alquileres (sobre todo en aquellos inmuebles bien situados) no son para nada asequibles. Los mejores pisos, en primera línea de playa en agosto, suelen llegar a los tres mil euros al mes. Muchos de estos alquileres son opacos para el fisco. No se declaran.
Coincidiendo con el inicio de la campaña de la Renta a principios de este mes de abril, Hacienda ya incluía una advertencia especializada a aquellas personas que hubieran anunciado en distintos medios (pero sobre todo en internet) algún alquiler que no pudiera estar declarado. Les recordaba que, si hubiera percibido ingresos por este concepto, debería declararlos. La Agencia Tributaria parece que ha tenido especial vigilancia con algunos de estos destinos en los que los alquileres turísticos proliferan especialmente y a precios altos, dado que algunas inmobiliarias de Sanxenxo aseguran que, sus clientes les han informado que Hacienda les ha hecho llegar esta misma advertencia por escrito e incluso telefónicamente en algún caso aislado.
Así las cosas, el Estado se pone las pilas para reclamar la parte que le corresponde de un jugoso negocio que aflora todos los verano y del que, hasta ahora, parece que no veía un duro. Es muy difícil poner cifras al impacto que pueden tener los alquileres vacacionales en Sanxenxo durante el verano, pero el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo, Francisco González, siempre pone un ejemplo que ayuda al lector a hacerse una idea: "Si oficialmente somos 18.000 personas las que vivimos aquí todo el año y a eso le sumas las más de 14.000 plazas hoteleras reguladas que tenemos, es decir, un total de 32.000 personas; la pregunta es ¿dónde duermen el resto de los turistas que visitan Sanxenxo en verano hasta sumar las más de cien mil personas que viven en la localidad durante el verano?". Estos cálculos supondrían que un 70% de las personas que pasan el verano en Sanxenxo lo harían en establecimientos no regulados.
Decreto de la Xunta
La Xunta es una de las administraciones que está intentando poner coto a esta falta de regulación en torno a las viviendas de uso turístico. Está ya listo un decreto que pondrá orden en torno a este tipo de alquileres veraniegos pero falta su aprobación definitiva. En las inmobiliarias de Sanxenxo (que siempre se han mostrado favorables a una regulación) ven muy difícil que esta nueva norma pueda entrar en vigor antes del inicio de la próxima campaña estival, apenas a dos meses vista.
El CETS, por su parte, insta a la administración a su aprobación definitiva cuanto antes y recuerda que se trata de un decreto "en cuya redacción ha participado activamente el sector y que permitirá crear un marco de regulación de las viviendas de uso turístico, muchas de las cuales han venido desarrollado su actividad económica ajenas al control administrativo y tributario". "Una situación que daña al conjunto del sector turístico gallego tanto por el impacto socioeconómico que lleva aparejada la explotación sin control de este tipo de alojamientos como por la competencia desleal que supone para el resto de los alojamientos", añaden.
El CETS explica que el decreto establece el ordenamiento de los apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico, categoría esta última que permitirá regular el uso vacacional de las viviendas de particulares, estableciendo unos requisitos mínimos que no solo pretenden garantizar que Hacienda se lleve la parte que les corresponde, sino también proteger todavía más a los arrendatarios y arrendadores de las mismas, que contarán con una serie de derechos y deberes.
