La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Pontevedra anunció ayer su intención de recurrir el archivo decretado por el magistrado del juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra del conocido como caso Elsamex, en el que se analizan las prórrogas irregulares firmadas con esta firma para prolongar el contrato para el mantenimiento de los parques y jardines de la ciudad. Un servicio que hoy está ya en manos de otra concesionaria.

El fiscal que estudia este asunto, Ignacio Saiz, indicó que presentarán directamente recurso de apelación ante la Audiencia Provincial al entender que uno de reposición ante el mismo juzgado, lógicamente, tendría como resultado la confirmación de la decisión ya adoptada hace unos días. Por lo tanto, serán los magistrados de la Audiencia Provincial los que deberán decidir si la investigación en torno a los contratos de parques y jardines de Pontevedra sigue adelante o finalmente recibe carpetazo al no hallarse ningún indicio de delito, conclusión a la que ya llegó el juez de instrucción.

La Fiscalía presenta recurso al entender que la investigación judicial se encuentra todavía en una fase muy temprana como para proceder a su archivo. Considera que todavía hay diligencias que llevar a cabo antes de determinar si existen o no indicios de delito (en este caso se estaba investigando uno de prevaricación). Entre ellas, considera que deben realizarse las diligencias que la propia Fiscalía solicitó al juzgado el pasado mes de febrero y que incluyen la citación para declarar en el juzgado en calidad de investigados del alcalde, Miguel Anxos Fernández Lores; y de la entonces concejala de parques y jardines (hoy edil de Cultura) Anxos Riveiro.

El fiscal también reclamaba la declaración en sede judicial del responsable de la oficina de Contratación del Concello, así como de la interventora o de los responsables de Elsamex. Igualmente, solicitaba al juzgado que pidiese al Concello más información del expediente de Elsamex que no fue remitida al juzgado en un primer momento. Se trata de documentación vinculada a este proceso administrativo como revisiones de precios, certificaciones y facturas que el juzgado de instrucción entiende que "non son necesarios" puesto que no variarían la conclusión a la que llegó el magistrado en primera instancia al no observar indicios de delito en el comportamiento del gobierno local.

Petición "improcedente"

El juzgado, tras dictar el sobreseimiento de las actuaciones, rechazaba pedir más documentación al Concello al considerarla irrelevante, además de declarar "la improcedencia de citar como investigadas a las personas solicitadas por el Ministerio Fiscal dado que no apreciamos indicios de delito imputábeis ás mesmas". El fiscal, por el contrario, considera que estas declaraciones y documentación sí podrían arrojar "más luz" en torno a este asunto por lo que acude a la Audiencia para que revoque el archivo y ordene al juzgado que se practiquen estas pruebas. Ahora la decisión está en manos del Tribunal Provincial.