Funcionarios y personal laboral de la Administración General del Estado en Pontevedra se echaron ayer a la calle convocados por su junta de personal para alertar del creciente número de privatizaciones que van a redundar "en un servicio de peor calidad" al ciudadano y a "un mayor coste", según explica Xosé Manuel Gil, presidente de la junta de personal.

Realizaron distintas concentraciones ante las oficinas de la Administración General del Estado en Pontevedra con un objetivo "pedagógico" de informar al ciudadano de esta "sutil" privatización de servicios. Ponen como ejemplo el pago de multas, que en lugar de hacerse ante la DGT, ahora debe hacerse en un banco "a una hora determinada"; así como la "privatización de la seguridad en las cárceles a favor de una empresa privada", una labor de la que hasta ahora se encargaba la Guardia Civil.

Denuncian que "se están poniendo datos de millones de personas en manos de empresas privadas sin ningún tipo de control" en el caso, por ejemplo, de los servicios de atención telefónica. Labores que en ocasiones están siendo desempeñadas por personal que no está lo suficientemente cualificado. "Se acaba de privatizar el servicio de atención telefónica de la Tesorería por 10 millones lo que supone unos 3.000 euros por teleoperador", señala Gil, puestos cubiertos por "empleados eventuales que cobran 700 euros", por lo que creen que hay un evidente "ánimo de lucro".