El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra y la Fiscalía de Delitos Económicos tienen ya cerrada una investigación por una presunta estafa de gran calado a una empresa radicada en la ciudad del Lérez. Concretamente, el Ministerio Público calcula que los tres acusados por estos hechos se habrían apropiado de una cantidad de 646.004 euros que esta firma con sede en la calle Cruz Gallástegui abonó por una serie de obras y servicios que nunca se llevaron a cabo. El fiscal solicita una pena de prisión de cinco años para cada uno de los tres acusados como autores de un delito de estafa.
Según el escrito de acusación, los responsables de esta empresa del sector de los carburantes buscaba en el momento de los hechos, el año 2010, ampliar su negocio abriendo nuevas gasolineras para lo cual entró en contacto con uno de los acusados, J. J. C. A., quien le presentó a J. L. V., otro de los investigados en este caso. Según el fiscal, ambos acusados propusieron al administrador de esta empresa realizar las obras de sus nuevas gasolineras a través de una empresa y para ello le entregaron un presupuesto de los trabajos por importe de 629.510 euros. Señala el fiscal que, dicha sociedad le indicó que, para realizar las obras, era preciso que se le adelantase parte de la factura de tal forma que a lo largo de octubre 2010 la presunta víctima de la estafa les fue entregando importantes cantidades a esta empresa. Las personas para disponer de la cuenta corriente a la que se realizaban las transferencias estaba a nombre del tercer acusado por el fiscal, O. T. T., quien ya fue condenado por un delito de estafa en 2009. Las cuentas también estaban a nombre de otra persona, ya fallecida.
Además de estas obras de remodelación, esta empresa pontevedresa contrató también a través de los acusados una campaña de publicidad y la instalación y puesta en funcionamiento de los servicios informáticos de las gasolineras por los que presentaron facturas por valor de 108.174 euros y 80.074 euros que la víctima abonó mediante transferencia bancaria entre noviembre y diciembre de 2010. El acusado J. J. C. A. era uno de los autorizados en las cuentas en las que se abonaron estas facturas y de hecho él mismo realizó algunos de reintegros de los mencionados ingresos.
Según el fiscal, los dos acusados J. J. C. A. y J. L. V. consiguieron, "al amparo de anteriores relaciones comerciales satisfactorias" convencer al administrador de esta empresa pontevedresa de que la remodelación de las cinco gasolineras, así como la campaña de publicidad y los servicios informáticos en las mismas iban a ser realmente realizados y considera que lo hicieron "a sabiendas de que no se iban a prestar y consiguiendo de este modo las transferencias de dinero descritas", según el relato del fiscal. Aseguran que el tercer acusado colaboró con los otros dos retirando el dinero de parte de las transferencias realizadas y consciente "de las maquinaciones de estos".
Además de la pena de cinco años de prisión, el fiscal solicita para cada uno de los acusados una multa de 12 meses a una cuota diaria de diez euros y que inmdenicen a esta firma con sede en la calle Cruz Gallástegui con 646.004 euros.
El caso será juzgado por la Audiencia Provincial de Pontevedra en atención a la elevada cuantía supuestamente estafada.
