Comenzó a tramitarse hace más de una década y abrió sus puertas en octubre de 2010, pero la sucesión de sentencias contrarias provocaron que el funcionamiento del parking de Veteris haya sido en precario y sin amparo legal o urbanístico, totalmente anulado desde 2014. Esta inseguridad está a punto de resolverse, al menos sobre el papel, con el nuevo plan especial de infraestructuras que aprobó ayer el gobierno local y ratificará en unos días el pleno. Se trata de la segunda vez que se elabora este documento urbanístico que ampara la ejecución de un parking bajo la calle Antón Fraguas y los edificios residenciales colindantes.

Tras cerrarse el proceso de exposición al público sin alegaciones, pese a la convulsa historia judicial que acumula este proyecto, y contar ya con el visto bueno de la Xunta, este segundo plan de infraestructuras no solo ampara urbanísticamente este aparcamiento y legaliza el recinto, sino que abre la puerta a la convocatorio de un concurso que permita adjudicar de forma lícita su concesión, ya que hasta ahora funciona con una autorización a la misma empresa que ejecutó el aparcamiento y los edificios residenciales superiores, sin concurrencia pública. Fuentes municipales apuntaron ayer que "ya se trabaja en los pliegos" para zanjar definitivamente este año este espinoso asunto.

Con el concurso de "libre concurrencia" se resolvería la otra ilegalidad del proceso: su adjudicación "a dedo" a la actual empresa, la misma que ejecutó los edificios residenciales y el propio parking, uniendo los usos privados y públicos de garaje.

Tanto esa adjudicación "a dedo" como el anterior plan de infraestructuras y otros trámites fueron anulados sucesivamente por los tribunales, lo que obligó al Concello a reiniciar "desde cero" todo el proceso. El plan aprobado ayer ya había sido refrendado en julio pasado por el Concello, pero la Xunta alertó de que faltaban los informes de telecomunicaciones y de servidumbre aeronáutica, por lo que fue necesario aguardar por ellos para una segunda aprobación y evitar futuras impugnaciones similares a las que tumbaron todo el proceso hasta ahora.

Y es que todo lo tramitado durante años hasta 2014 quedó entonces anulado en su totalidad y desde entonces se trabajaba en un nuevo proceso. Ahora ya es posible convocar el concurso que regularice la concesión del parking, que incluye plazas públicas y privadas compartiendo espacio. Este paso se considera como parte de la ejecución de la sentencia, solicitada en septiembre pasado por los impulsores de los recursos, por lo que el Concello cree que no habría reclamaciones por esa vía.

Una vez resuelta la inseguridad urbanística y jurídica del parking, algo que se da por seguro con el inminente acuerdo plenario, se tratará de resolver la concesión, mediante un concurso público que permita adjudicar de nuevo su explotación, toda vez que la fórmula elegida en su día, entregando esa gestión a la empresa que ejecutó la obra (así como la urbanización residencial situada encima) fue anulada por completo por hacerse sin concurrencia pública, es decir, "a dedo".

Con respecto al aspecto económico del asunto y las posibles indemnizaciones que haya que abonar, el Concello se aferra al convenio firmado en 2010 con Veteris por el que cualquier posible indemnización la pagaría la nueva empresa concesionaria. Se estima que sería un máximo de tres millones de euros, cantidad que podría echar atrás a cualquier otra interesada.

Los informes jurídicos sobre este prolongado pleito señalan que la raíz de este conflicto urbanístico está en la anulación de la modificación de la normativa del PGOU sobre el uso del subsuelo y que permitió la ejecución del aparcamiento abarcando simultáneamente suelo público y privado sin concurso público. Esa modificación, que fue aprobada en 2003, dio soporte al convenio con Veteris y al Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones. Todo fue anulado en primera instancia por los tribunales en 2007. Pese a ello, en 2010 se tramitó la adjudicación directa de la explotación del aparcamiento a la empresa que lo había construido. Trámite que, al estar apoyado necesariamente en los actos administrativos del año 2003, fue anulado nuevamente por los jueces.

En 2010 se realizó una valoración de las obras realizadas, que fue cerrada en 3.108.005,14 euros más IVA. Veteris aceptó esa valoración y renunció expresamente al lucro cesante, según insiste en Concello. Esa cantidad sirvió también para el cálculo de esa eventual indemnización cuando se convoque un concurso abierto a la pública concurrencia". Por ello, desde el Concello se insiste en que "los pactos firmados preservan los intereses municipales porque, de abrirse la licitación de la parte pública del aparcamiento y de no resultar Veteris la adjudicataria, la nueva empresa debería depositar como canon anticipado una cantidad, como mínimo, equivalente a la valoración de las obras".