El portavoz del PP en el Concello y presidente local del partido, Jacobo Moreira, calificó ayer el acuerdo del Congreso del pasado miércoles, en el que se partido votó en contra, como un "pataleo. No le veo eficacia práctica alguna", ni siquiera si se produjera un hipotético cambio de Gobierno ya que la "prórroga es un capítulo cerrado y hay que mirar al futura para lograr mejoras ambientales y de empleo", el discurso que esgrime el PP desde que hizo pública su defensa de la permanencia de la empresa en Lourizán, hace más de un año.

Aunque reconoce que "quizás sería bueno que no la hubiera tomado un Gobierno en funciones" la decisión de ampliar la concesión, Moreira insiste en que "discutir algo que ya está resuelto es perder el tiempo". Además, recuerda que Ence tenía derecho a obtener la prórroga y si el Gobierno, aún estando en funciones, "no cumple con los trámites, podría estar prevaricando", de ahí que mantenga que el acuerdo del Congreso del pasado miércoles es una "declaración de intenciones, sin más".

Moreira hizo estas declaraciones después de lanzar varias críticas al grupo municipal de Marea por oponerse a la ampliación de la depuradora de Placeres que promueve la Xunta y reclamar su traslado. El PP no ve inconveniente en mantener la ubicación de la planta pese a que Costas la dejó al margen de la concesión marítimo-terrestre original en Lourizán, si bien considera que esa ocupación es "legalizable".

Rei habla de "alevosía"

Desde Marea Pontevedra, su portavoz, Luís Rei rechaza la ampliación de la depuradora al igual que la permanencia de Ence, en la misma ubicación, al entender que condena a cadena perpetua" a la población de Pontevedra. Además, acusó al ejecutivo de Rajoy de haber prorrogado la concesión a Ence "con alevosía en el periodo de funciones del Gobierno", en vez de "con valentía durante la campaña". De hecho, el acuerdo del miércoles en el Congreso contó con la presencia de Rei en Madrid para respaldar la moción que presentó el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino, quien afirmó que la anulación de la concesión es una "cuestión fundamental" que demuestra que en Galicia existe "una demanda popular grande" para que se saque de la ría de Pontevedra "ese foco de contaminación".