La Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó ayer una proposición no de ley que insta al Gobierno a anular la prórroga de la concesión de Ence en la ría de Pontevedra otorgada por 60 años más por el actual Ejecutivo en funciones. El texto de la iniciativa aprobada fue impulsado por el grupo de Podemos-En Comú Podem- En Marea y transaccionado por el PSOE y fue aprobado con el voto favorable de estos dos partidos (un total de 23), frente a la posición en contra del PP (15 votos en contra) y la abstención de Ciudadanos (cinco votos).
Se trata de la primera vez que se adopta un acuerdo explícito contra la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra en el seno del Congreso, aunque su validez jurídica parece limitada debido a que las proposiciones de ley no tienen carácter vinculante. De hecho, desde En Marea como el PSOE dan por hecho que el actual ejecutivo en funciones del PP no ejecutará el ruego realizado por la mayoría del Parlamento, pero consideran que es una garantía de que la concesión a Ence será revisada por un nuevo Gobierno que estuviese integrado por fuerzas progresistas. La diputada pontevedresa de En Marea, Ángela Rodríguez, va más allá y califica el acuerdo como "un primer trámite legislativo" para que Ence salga de la ría de Pontevedra.
El texto aprobado por la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados "insta al Gobierno" a "promover urgentemente" la presentación de un proyecto de ley para recuperar los niveles de protección que establecía la Ley de Costas de 1988, dejando sin efecto las modificaciones introducidas en 2013 por el PP y que permitieron conceder la prórroga a Ence. En un segundo punto, insta al Ejecutivo a "anular la prórroga otorgada a Ence" en Pontevedra.
El diputado de En Marea, Antonio Gómez-Reino, fue el encargado de defender la proposición no de ley, describiendo como "nocivos" los efectos para el medio ambiente y la salud de la personas que tiene, según él, la fábrica de Ence en Lourizán. Recordó episodios de "irritabilidad en los ojos e insuficiencias respiratorias" que, insiste, provoca la factoría, además de recalcar que sus" malos olores" limitan la proyección turística de la ría de Pontevedra. Recordó además que Ence consume 12 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que todos los ayuntamientos de la ría juntos gastan un total de ocho millones de metros cúbicos. "Además paga por este agua menos del 10% de lo que le corresponde", añadió.
Ciudadanos
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Marcial Gómez, no mostró la rotundidad con la que su partido defiende la continuidad de Ence en Pontevedra. "Valoramos la lógica preocupación de los vecinos" por la presencia de esta empresa, señaló. Pero por otro lado, indicó que también tienen muy en cuenta los 370 empleos directos, los 800 indirectos en la comarca y los cinco mil indirectos en toda Galicia que, según dijo, dependen de esta fábrica. Reconoció que no le gustó la fórmula empleada por el Gobierno en funciones para otorgar la prórroga y tampoco que el Consejo de Administración de la pastera esté "plagado de excargos del PP", pero entiende que anular la prórroga "solo atendería al aspecto medioambiental y su grupo no quiere "olvidarse" de los trabajadores. Por este motivo, plantearon una enmienda que no fue atendida y decidieron abstenerse en la votación.
El encargado de defender la postura socialista fue el diputado por Pontevedra Guillermo Meijón. Recordó los acuerdos aprobados en el Parlamento de Galicia en 2010 con el voto del PP en contra la continuidad de Ence. Resaltó que entonces los populares reconocían que el emplazamiento de Ence fue "un error histórico", un "auténtico mazazo que afectó a los ecosistemas marinos y a la diversidad" además de a la "calidad de vida de los pontevedreses". Tras incidir en que "Ence solo está interesada en el negocio", asegura que el argumento de la empresa de que el traslado "es inviable" son solo "argucias sensibleras" para perpetuarse en la ría. Meijón resumió la postura socialista en una frase y dos palabras: "Ence sí pero no ahí" y "diálogo" con la empresa, así como "firmeza" en el necesario cambio de ubicación.
Por su parte, la diputada del PP María Teresa de Lara, recordó que la última autorización ambiental a Ence la otorgó el bipartito de la Xunta (PSOE-BNG) en 2008 porque la fábrica "cumplía al 100% la legislación ambiental europea, estatal y autonómica". Asegura que el informe remitido por la Xunta a finales de 2015 para la prórroga de la concesión ratificó que sigue cumpliendo la ley y reiteró que, "les guste o no", la prórroga "es el resultado de la tramitación ordinaria de un expediente" administrativo y "no es una decisión política".
"Mezquindad" hacia Rajoy
Recordó que la UE "reconoció el modelo de gestión ambiental" de Ence y aseguró que "si la nueva política es dejar sin trabajo a miles de gallegos entonces es una mala política". Añadió que "nombrar a un ciudadano ejemplar como es Mariano Rajoy persona non grata no es ya una mala política, sino una mezquindad". Defendió, también, que en frente a la factoría de Ence en Poio existen playas con bandera azul por la calidad de sus aguas.
