"Estoy más indignado que alegre", manifestó ayer José Luis Santiago Pereira, al conocer la anulación de la sentencia del juzgado de lo Penal número 3 de Pontevedra que condenaba a la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín y a su presidente, por una serie de delitos contra la Hacienda Pública. Esta sentencia ha sido anulada por la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra "por falta de motivación suficiente". Reclama a la titular del juzgado Penal que argumente su fallo.
En todo caso, el responsable de la cooperativa San Miguel destaca que la anulación de la sentencia no concluye el proceso y que el procedimiento continuará con la contestación del juzgado a este requerimiento y las acciones que aún puedan emprender las partes. Santiago Pereira señaló ayer que todavía no ha podido hablar con su abogado sobre las acciones a emprender.
La sentencia del 17 de junio de 2015 consideraba probado que en los ejercicios de 2008, 2009 y 2010 la Sociedad Cooperativa marinense ocultó a Hacienda ventas en "B" de pescado por valor de casi 15 millones de euros, de tal forma que dejó de ingresar al fisco una cantidad superior al millón de euros en concepto de IVA (concretamente 359.750 euros en 2008; 321.480 euros en 2009 y 372.619 euros en 2010).
También señala que José Luis Santiago Pereira, como presidente de la cooperativa y del consejo rector, ostenta la representación legal de la entidad y asume también las obligaciones tributarias, de ahí que resulte condenado. El juez le impone un año de prisión por cada uno de los delitos fiscales cometidos, así como sendas multas de 360.000; 322.000 y 373.000 euros, similares a las cantidades defraudadas. La Sociedad Cooperativa San Miguel también debe abonar una multa de 745.239 euros por el delito contra la Hacienda Pública en relación al IVA en el año 2010.
Audiencia Provincial
Este fallo también condena a José Luis Santiago, con la responsabilidad civil subsidiaria de la Cooperativa San Miguel, a indemnizar a Hacienda con 1.053.849 euros que supuestamente dejaron de ingresar las arcas públicas con este fraude.
La Audiencia Provincial anula ahora esta sentencia, al entender que se habrían vulnerado los derechos fundamentales de los apelantes, relacionados con el derecho de defensa, el quebrantamiento de normas y garantías procesales y el razonamiento de las pruebas. Pide por ello a la jueza que dictó la primera sentencia, que razone sus argumentos.
Pero esta anulación no tranquiliza a los condenados. "Se ha hecho un mínimo de justicia pero el daño es irreparable", indicó Santiago Pereira, quien recuerda que "llevo tres años sufriendo una causa totalmente injusta, pero tengo la conciencia tan tranquila como el primer día, siempre la he tenido", aseveró el titular de la cooperativa.
Para José Luis Santiago la sentencia del Penal 3 de Pontevedra le demuestra que "este Estado no es muy garantista" con los derechos de los ciudadanos, ya que entiende que la jueza que los condenó en primera instancia solo tuvo en cuenta la denuncia de una inspectora de Hacienda frente a una veintena de testigos -entre ellos Autoridad Portuaria, asociaciones profesionales, armadores y otros-, que contradecían la argumentación de la funcionaria.
Labor administrativa
El responsable de la Cooperativa San Miguel explicó desde el primer día de este proceso, que esta entidad se limita a subastar y realizar una labor administrativa entre compradores y vendedores del pescado, pero que en ningún caso vende el producto. "La cooperativa no puede controlar la labor de las 200 empresas que actúan en estas subastas", explica José Luis Santiago, quien lamenta que el juzgado no haya tenido en cuenta la explicación de los afectados y solo la denuncia presentada por Hacienda.
Por eso el titular de la cooperativa entiende que la Audiencia Provincial haya anulado esta sentencia. "Hacienda le reclama a la cooperativa un IVA que ya le cobra a las empresas, pero la cooperativa solo subasta el pescado, no lo vende", reitera el responsable de San Miguel al explicar el origen del proceso. "Nosotros cogemos los datos de descarga de cada barco y se los damos a la Administración, cobramos un porcentaje por esa labor administrativa y punto, en ningún caso supone las cantidades millonarias de las que habla la inspectora de Hacienda", explica José Luis Santiago, quien subraya que "tengo la conciencia tranquila tanto por mí como por mis compañeros de la cooperativa".
Si bien el proceso judicial no concluye aquí, José Luis Santiago Pereira confía en que llegue a resolverse tras atender los argumentos de la cooperativa y lamenta que, aunque finalmente se "haga justicia" absolviendo al colectivo, siempre quede "la sombra de la duda" sobre esta agrupación por todo este proceso que el titular de la cooperativa San Miguel considera injurioso.
