El BNG ha puesto en marcha ya la maquinaria para frenar la ordenanza municipal de tráfico que la oposición en pleno quiere cambiar para incluir las normas del Ministerio de Fomento que regulan el tamaño y disposición de los "lombos" en todo el municipio. Aprobada inicialmente por PP, PSOE, Marea y Ciudadanos, en contra del criterio del BNG, en el último pleno municipal, desde hace unos días se encuentra a exposición pública y es en esta fase donde el gobierno local quiere exponer los argumentos técnicos y jurídicos que impidan su entrada en vigor definitiva. El concejal Luis Bará dejó ayer claro que "estamos convencidos de que no va a salir adelante por las graves consecuencias y repercusiones que tendrá".
La normativa de Fomento que la oposición quiere aplicar establece una distancia mínima de 50 metros entre cada "lombo", así como una altura y dimensiones fijas, criterios que, según el gobierno local, "están pensados para carreteras del Estado y no para calles de una ciudad. Cuando la oposición se dé cuenta de esta barbaridad, cambiará de opinión", insiste Bará. Todo ello se deriva de la primera alegación formulada contra la modificación en marcha, firmada por el arquitecto Jesús Fole, en su día jefe técnico en el Concello que puso en marcha el actual modelo urbano, y ahora asesor de Movilidad de la Diputación, contratado por el BNG provincial.
Bará hizo suyos ayer todos los argumentos desgranados a lo largo de 22 páginas para cuestionar de forma rotunda la normativa ministerial. Según esta versión, "la aplicación literal de esas directrices de Fomento tendrá unas consecuencias muy graves, tanto administrativas como económicas" y es que, según los cálculos municipales habría que destinar entre 1,2 y 2,1 millones a adaptar los más de 300 pasos sobreelevados ya existentes.
Retroactividad
Aunque el acuerdo de la oposición dejaba al margen de esta nueva norma los "lombos" ya existentes y se limitaba a aplicarlos a los que se ejecuten desde su hipotética entrada en vigor, el Concello alerta de que "sería obligatoria su aplicación con efectos retroactivos, ya que en caso de algún incidente o problema con los pasos actuales, se incurriría en responsabilidad por no adaptarse a una norma municipal". Por ello, habría que modificarlos todos para ajustarse a la altura máximo de 11 centímetros, una rampa de acceso del 10% y una longitud de meseta de cuatro metros. Además, al tener que haber una distancia mínima de 50 metros entre cada uno, habría que eliminar un elevado porcentaje en al menos una veintena de calles.
Bará adelante que la alegación de Fole "no será la única, habrá más" y en ellas se repetirá un apartado que ya se esgrime en la primera: defectos de tramitación que llevarían a anular la aprobación inicial por parte del pleno. Esta es la vía a la que se aferra ahora el gobierno local para mostrarse "convencido" de que no entrará en vigor. Según Bará "puede haber un informe del secretario del Pleno que alerta de esas deficiencia, lo que implicaría una anulación directa del acuerdo".
