La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra retomó ayer el juicio por el denominado macrofraude del gasóleo, que continúa únicamente contra cuatro acusados después de los acuerdos alcanzados en noviembre del año pasado por doce de los procesados con la Fiscalía, aceptando así penas que iban desde multas a los 19 meses de cárcel. Otras cinco personas resultaron absueltas al retirarse los cargos que pesaban contra ellas, mientras que otro de los acusados está en rebeldía y otro había fallecido.

En esta nueva sesión se pudo escuchar el testimonio de los cuatro acusados que no reconocen los hechos pero sobre los que mantiene la acusación el fiscal, los funcionarios de Aduanas José Carrón González y José Ángel Corcoba Conde y los hermanos Jesús Ángel y Juan Castro García, responsables de la empresa estradense Carburantes Acibro. Todos ellos se han declarado inocentes.

Penas rebajadas

El fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, los considera responsables de seis delitos contra la hacienda pública y otro de falsedad (en el caso de los agentes del SVA como "cooperadores necesarios"), por lo que pide penas que suman 28 años de prisión para los empresarios y de 25 años para los funcionarios. No obstante, en la primera sesión del juicio ya adelantó que la dilación de este proceso -más de quince años desde que se inició la instrucción judicial- obligará a rebajar sensiblemente esta petición de condena, que previsiblemente, se situará en torno a los siete meses de prisión por cada uno de los seis delitos fiscales y el de falsedad, además de fuertes multas. Eso sí, a lo que no renunciará el fiscal es a la devolución de las fuertes cantidades supuestamente defraudadas a Hacienda. Del montante total de 20 millones supuestamente defraudados en esta operación, se calcula que unos 15,4 corresponde a esta empresa.

En el caso de José Carrón González, que era jefe provincial en Pontevedra de Servicio Vigilancia Aduanera (SVA), explicó ante el tribunal que su detención le "pilló desprevenido". Fue su jefe regional quien le anunció que le iban a detener. Tras eso, quedó en "shock", por lo que no supo explicar ante el juzgado lo que estaba pasando.

Según declaró este lunes, estaba realizando una investigación "sobre una petrolera a nivel nacional por la venta de gasóleo a bajo precio", por lo que hacía labores de "infiltrado" para "obtener información". Por ello, simulaba "cierta connivencia" con los intereses de los otros acusados, a quienes tenía engañados "más o menos".

Por su parte, José Ángel Corcoba, como agente de investigación del SVA, era uno de los encargados de llevar a cabo las inspecciones en las empresas investigadas, pero negó que alertasen a las empresas antes de cada visita o que tuviese amistad con los empresarios investigados.

Empresarios investigados

También los responsables de Carburantes Acibro, los hermanos Juan Castro García y Jesús Ángel, negaron los hechos. El primero, porque aseguró que él solo era "un mero recadero" y que desconocía todos los detalles de la administración. El segundo descartó cualquier tipo de fraude por los exhaustivos controles a los que estaba sometida esta firma investigada, a la que el fiscal imputa la mayor parte del fraude que supuestamente sufrió la hacienda pública. El juicio continuará durante toda la semana, siendo mañana el turno para los testigos.