Los juzgados de Pontevedra que asumieron las investigaciones de la operación Patos, desplegada hace dos años por un juzgado vigués en varios municipios de la provincia, comienzan a activar sus respectivos sumarios. Apenas unos días después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad decidiera archivar de forma provisional el caso de los supuestos enchufes municipales en Cespa, la empresa de basuras, la magistrada de Instrucción número 1, que investiga las adjudicaciones de tres obras municipales a la empresa Eiriña, pone en marcha las primeras declaraciones.
Así, para la penúltima semana de este mes están citados a declarar, como testigos, tres funcionarios del Concello, dos del servicio de Intervención y uno del de Secretaría. Serán las primeras comparecencias para tratar de esclarecer si hubo algún supuesto amaño en la adjudicación a Eiriña de tres obras, por importe de unos tres millones de euros: la reforma de la calle Santa Clara, la reurbanización de la avenida de Lugo, y la mejora de un vial en Salcedo, así como una donación de Eiriña para la Cabalgata de Reyes.
El concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima, comunicó ayer la llegada, el pasado miércoles, de las citaciones judiciales, dirigidas de forma personal a esos tres empleados, que informaron después al edil, quien lo trasladó después a todos los grupos municipales. Legísima, que insistió en que son llamados en calidad de testigos, recalcó que "tenemos toda la tranquilidad del mundo" y opina que se ha llamado a estos dos servicios "presumiblemente porque colaboraron en la redacción de los pliegos para contratar las obras, emitieron algún informe o participaron en las mesas de contratación". El concejal aseguró que no ha llegado, al menos hasta ayer, ninguna otra citación, ni a otros funcionarios, ni a cargos políticos.
La operación Patos se conoció en febrero de 2014, cuando se realizaron registros entre otros municipios, en la Diputación y el Concello, por orden del Juzgado de Instrucción número 7 de Vigo. En septiembre de 2015 su magistrada dividió el caso en varias piezas separadas, de las que cuatro corresponden a órganos de Pontevedra y otro más a uno de Marín.
Las obras investigadas son la rehabilitación superficial de los viales de acceso a Casal desde Campo da Porta y la EP-0019 en Salcedo; las obras de reforma del barrio de Santa Clara y la rehabilitación integral de la avenida de Lugo. La empresa Eiriña resultó adjudicataria de las tres obras en 2013, por un importe total que "asciende a una cantidad superior a los dos millones de euros en obra", según el informe al respecto del Grupo de Delincuencia Financiera y Fiscal de la UDEF de la Policía Nacional
En sus conclusiones, los agentes detectan lo que a su juicio son una serie de irregularidades en la adjudicación y ejecución de estas tres obras. Una de ellas se repite en las tres y es el hecho de permitir que la propia empresa adjudicataria se encargase del Plan de Seguridad y Salud de las obras, aduciendo no disponer de personal del Concello destinado a tal fin y no habiendo externalizado dicho cometido.
