El pasado año se registraron en tres de los partidos judiciales que integran la comarca de Pontevedra un total de 617 rupturas matrimoniales. La mayoría (como viene siendo habitual desde la modificación de la ley del divorcio ya hace una década) fueron divorcios, frente a una minoría de los cónyuges que deciden poner fin a la relación eligiendo la fórmula de la separación. De hecho, en toda la comarca tan solo 35 parejas optaron por esta última alternativa frente a los 582 que se decantaron por interponer una demanda de divorcio.
En el partido judicial de Pontevedra, el número de divorcios tramitados fue de 362, frente a los 445 de 2014. Es decir, según los datos ofrecidos ayer por el Consejo General del Poder Judicial, en el partido judicial de la capital, esta cifra de divorcios supone un descenso de un 18% con respecto al ejercicio de 2014, un porcentaje muy superior a las cifras en el conjunto de la comunidad gallega, en donde bajaron un 4,6%; y del Estado, en donde cayeron un 2,6%. Con todo, si se suman las 15 separaciones, en el entorno de la capital se produce una media de una ruptura matrimonial al día.
La caída en el número de divorcios también es sorprendente en otro de los partidos judiciales de la comarca, dado que en Marín descendieron un 25% este tipo de demandas al pasar de un total de 132 divorcios en 2014 a tan solo 105 en 2015. Por contra, en Caldas, crecieron las rupturas matrimoniales. Frente a las 74 demandas interpuestas en 2014 se pasó a las 88 de 2015, lo que indica que se rompieron un 13,8% de matrimonios más.
Del análisis de las estadísticas ofrecidas por el Consejo General del Poder Judicial destaca que los divorcios consensuados siguen siendo mayoría frente a los contenciosos, es decir, aquellos en los que es el juez quien debe imponer las medidas y reglas que regirán la relación entre ambos cónyuges después de la disolución matrimonial. Medidas que en la mayor parte de los casos incluyen asuntos tan espinosos como la guardia y custodia de los hijos, las pensiones para los menores, entre otros.
De los divorcios tramitados por los juzgados pontevedreses, en un total de 193 casos hubo acuerdo entre los dos miembros de la pareja frente a 169 en los que no. Es decir, que hubo consenso en algo más de un 53% de las demandas presentadas. La práctica totalidad de las separaciones son también consensuadas, según estos mismos datos (tan solo una fue contenciosa).
En Marín el porcentaje de divorcios contenciosos es incluso menor que en Pontevedra. Allí, el 56% de los expedientes judiciales acaba con acuerdo entre las partes (74, frente a 58). En Caldas, por último, es donde el porcentaje de divorcios sin litigio entre las partes es menor, tan solo un 51% con 45 demandas consensuadas frente a otras 43 que no lo fueron.
Al igual que en el resto del Estado, se aprecia un descenso en el número de solicitudes para la modificación de las condiciones del divorcio. Para el Poder Judicial, este dato puede ser un indicador de la situación económica, dado que el número de solicitudes para modificar estas condiciones se dispararon durante la crisis, cuando muchos de los cónyuges acabaron en el paro y el juzgado se vio obligado a cambiar las cuantías de las pensiones que debían aportar para el cuidado de sus hijos, por ejemplo. En este apartado sí se dispara al conflictividad, dado que la gran mayoría de las modificaciones acordadas por el juez fueron sin consenso de las partes (solo hubo acuerdo en 39 asuntos, frente a 143 en los que no).
También se detecta un elevado nivel de conflictividad a la hora de regular la guardia y custodia de los hijos entre aquellas parejas que no son matrimonio. Se presentaron 122 demandas de este tipo el pasado año en el partido judicial de Pontevedra y en algo más de la mitad, un total de 67, tuvo que ser el juez el que decretase las reglas de la convivencia de los padres con los menores tras la ruptura de los progenitores.
Mediación
La elevada conflictividad que se produce todavía a día de hoy a la hora de afrontar una ruptura matrimonial vuelve a hacer que los expertos rompan una lanza en favor de la mediación. Pontevedra cuenta con un servicio de mediación intrafamiliar que puso en marcha la Universidad de Vigo y la Xunta en septiembre de 2014, con el apoyo de la propia administración de Justicia. Asimismo, cada vez son más los profesionales que se dedican a la mediación. Ángeles Ferreirós es la delegada territorial en Pontevedra de Asemed, Asociación Española de Mediación. Explica que actualmente la "mediación sigue siendo una gran desconocida" en Pontevedra dado que los casos que ella ha llevado (que por cierto, todos han acabado con acuerdo) llegan a través del "boca a boca" por lo que todavía falta una mayor promoción de esta posibilidad que evita tener que llegar al juzgado, tiene la misma validez que una resolución judicial y evita que la ruptura sea todavía más traumática para los propios cónyuges y los menores que tengan a su cargo.
