En el mejor de los horizontes, con la mayor parte de los ciudadanos implicados en el sistema y con un reciclaje óptimo de la materia orgánica, el nuevo sistema de recogida y tratamiento de basura que quiere aplicar el gobierno local en el plazo de un año permitirá reducir la actual tasa domiciliaria urbana de 131,58 euros a menos de ochenta, e incluso podría bajar aún más si se aplican determinadas bonificaciones. Así lo explicaron ayer los concejales Carmen da Silva y César Mosquera al exponer los primeros estudios económicos sobre el nuevo modelo, que se basará en el compostaje de todos los restos de comida del municipio y la instalación de composteros individuales en el rural y comunitarios en los barrios, lo que equivale a eliminar la recogida por las calles a casi la mitad de la población.

Pero para alcanzar ese objetivo ideal sería necesario reciclar el 70% de todos los residuos que se generan en la ciudad (en torno a 40.000 toneladas al año), lo que supone multiplicar prácticamente por diez la reutilización actual. A día de hoy la recogida selectiva apenas llega al 8% de todas las basuras, si bien se limita al papel y cartón, el vidrio y algún envase, sin incluir la materia orgánica, que es donde incide la propuesta del BNG, que ya ha topado con el rechazo de la oposición. PP y PSOE han mostrado sus dudas sobre este cambio radical del sistema.

El estudio económico presentado ayer por Da Silva y Mosquera fue elaborado por Carlos Pérez Losada, asesor de residuos de la Diputación, donde fue "fichado" precisamente por César Mosquera, vicepresidente de la entidad provincial. Aunque pensado para toda la provincia, incluya análisis específicos para cada municipio y en el caso de Pontevedra detalla que el coste medio actual de recogida y tratamiento de cada tonelada de basura ronda los 200 euros. Con el sistema que quiere implantar el BNG, a base de composteros en casas y barrios y con la futura planta de A Canicouva, un reciclaje escaso, por debajo del 40% implicaría un encarecimiento del servicio, por encima de los 220 euros. De ahí que sea necesaria la intensa implicación vecinal para lograr una separación en origen adecuada. Es a partir del 70% de reutilización cuando se llega a costes por debajo de los 120 euros, de ahí que se opte por una aplicación "de golpe" en todo el municipio, para evitar "vicios" que implica una ejecución por fases, según Da Silva.

Traducido a la tasa que pagan los usuarios, los cálculos divulgados ayer se centran en el recibo urbano domiciliario, de algo menos de 22 euros cada dos meses, lo que suma 131,58 euros al año. Si solo se reciclara el 30% de la basura, esa tasa subiría a casi 147 euros, pero si se alcanza el 70%, objetivo básico del plan municipal, se situaría por debajo de los 80 euros.

En todo caso, el sistema de tarifas aún debe analizarse con más calma ya que la previsión del gobierno local es establecer tres áreas fiscales en función de lo que se haga en cada una de ellas. Así, en el rural, donde se obligará a todas las casas a disponer de composteros propios para tratar sus propios restos de comida y utilizar después el compost resultante, el coste del servicio sería de unos 70 euros al año, mientras que en los barrios donde se instalarían composteros colectivos, esa cifra subiría a unos 80. En ambos casos se eliminarían de las calles los contenedores salvo los de vidrio y papel. Sí los habría en el resto del casco urbano, pero específicos para restos de comida (además de los de papel y vidrio) por lo que en estos casos se mantendrían las rutas de los camiones para su vaciado, lo que encarece el servicio hasta unos 85 euros anuales. Con estos costes y sectorizaciones habría que modificar la actual ordenanza del servicio y definir las tasas en cada caso. Ese trabajo se quiere activar de inmediato, al igual que las reuniones para implicar a la sociedad en el proceso.