El conflicto por el cobro con carácter retroactivo, desde 2012 hasta ahora, de tasas de saneamiento en el rural a aquellas viviendas que, pudiendo estar conectadas a la red, no lo hacen, va camino de enquistarse y provocar una nueva batalla entre el PP y el gobierno local. Los populares esgrimen unas resoluciones del Tribunal Económico Administrativo (TEA) municipal que da la razón a varios vecinos que formularon alegaciones, y emplaza al BNG a aplicar ese mismo criterio para revisar de oficio todos los recibos y anularlos en su caso. En cambio, los nacionalistas acuden a un informe del servicio de Gestión Tributaria que afirma que esa revisión sería irregular y ya anunció que no se llevará a cabo pese a que un acuerdo plenario -de toda la oposición frente al BNG- así lo ordena.

De este modo, el portavoz popular, Jacobo Moreira, aseguró ayer que "agotaremos todas las vías para poner fin al timo del alcantarillado", una campaña que podría exceder el ámbito estrictamente municipal ya que, a juicio de los populares, la práctica del gobierno local en este asunto "es ilegal". A su juicio, las resoluciones del TEA tienen mayor jerarquía que el informe del servicio que elabora los recibos, por lo que debe cumplirse el primero y no el segundo.

Moreira mantuvo ayer una nueva reunión con los vecinos de Campañó para informarles de la evolución de este conflicto. Esa parroquia es donde se han detectado más reclamaciones y quejas, si bien las inspecciones se extendieron a otros territorios como Lérez, Alba y Cerponzóns, mientras que el PP afirma que también habría reclamaciones en Verducido y Salcedo.

"Queremos acabar con una clara y manifiesta injusticia", señaló ayer Moreira, quien subraya que "el Tribunal Económico Administrativo Municipal estableció un criterio y vamos a exigir que se cumpla y respete en todos los casos en los que sea posible". Este criterio establece que no se pueden cobrar tasas con carácter retroactivo a aquellas viviendas en las que no se hubiera notiticado que podían engancharse al servicio. En esos casos se anularon las tasas, pero el gobierno local se opone a hacerlo en los más de 400 recibos ya enviados.

El portavoz popular insiste en que "vamos a agotar todas las vías posible para que el BNG cumpla con el acuerdo plenario el pasado 22 de febrero". Apunta que "al igual que los nacionalistas iniciaron libremente esta inspección fiscal, ahora, tras desvelarse que actuaron de manera irregular, el BNG tiene la posibilidad de revocar aquellos recibos que se ajusten a los criterios establecidos por el TEA", si bien lamenta que "no nos consta que el gobierno local iniciara gestión alguna al respeto"

Para el portavoz del PP, el informe elaborado por el Órgano de Tesorería, a petición del grupo de gobierno, "tiene toda la validez del mundo, pero más validez tienen las resoluciones emitidas por el Tribunal Económico Administrativo, por jerarquía", por lo que reprocha al BNG que se ampare en este informe que, "curiosamente fue elaborado un día después de que el PP presentara la moción sobre este cobro irregular, y del que no se nos dio traslado hasta días después del pleno".