El Concello deberá abonar algo más de un millón de euros a la desaparecida empresa Sercoysa por obras ejecutadas, pero no pagadas, en la urbanización del antiguo cuartel de Campolongo. Así se establece en una sentencia firme que acaba de dictar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y que ratifica en su mayor parte un fallo anterior, de marzo de 2014, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra. Contra esa sentencia había recurrido el Concello, recurso que ahora el TSXG solo admite a la hora de anular la obligación municipal de abonar los intereses acumulados desde mayo de 2009, pero confirma la obligación de abonar 1.009.803 euros.
Fuentes del gobierno local confirmaron ayer este fallo del alto tribunal gallego, al tiempo que indicaron que se solicitará una "aclaración" con respecto a los informes periciales utilizados para llegar a esa cifra, ya que el Concello solo admitía un impago de 243.000 euros. La sentencia conocida ayer considera probado que existe la deuda y limita las discrepancias entre el gobierno local y la extinta empresa a "meros pormenores valorativos que, a la poste y globalmente considerados, revelan que aquel monto indemnizatorio a tanto alzado y por todos los conceptos, resulta correcto", si bien agrega que "no se estima procedente otorgar pago alguno en concepto de intereses".
El TSXG confirma el resto del pronunciamiento judicial de hace dos años. Según reconocía aquella sentencia, la empresa Sercoysa demostró documentalmente que los trabajos realmente ejecutados ascendían a 3,7 millones y no los 2,7 percibidos en su día. El Concello admitió en el juicio que se realizaron trabajos por encima de lo previsto pero limitó su cuantía a unos 243.000 euros. Los trabajos corresponden al ámbito del antiguo cuartel de Campolongo, que se adjudicaron en noviembre de 2005 a Sercoysa por 2,3 millones de euros y un plazo de ejecución de doce meses. Sin embargo las obras se demoraron tres años y no fueron recepcionadas hasta 2009, cuando el Concello certificó actuaciones por 2,7 millones.
Distintas valoraciones
Dos años después, la constructora reclamó el pago de un millón de euros por exceso de obra más otros 460.000 euros por la revisión de precios. Pedía que si no se admitía esta primera opción, ingresara igual esa cantidad "en concepto de indemnización por daños y perjuicios ocasionados por la duración del contrato de tres años, cuando inicialmente se establecían doce meses".
La juez pontevedresa desestimó por completo esta última indemnización, pero sí admitió el exceso de obra y condena al Concello a pagar ese millón de euros de más. La sentencia subrayaba que ambas partes (Sercoysa y Concello) admiten que se produjo ese exceso de obra, pero el ayuntamiento lo valoraba en 243.000 euros. El eje del conflicto estaba en determinar qué cantidad es la correcta. Así, la magistrada utiliza los informes de las dos partes, más una tercera prueba pericial para concluir que "resultaría una cifra más aproximada" a la que reclama Sercoysa, "y por tanto superior a la valoración municipal" por lo que estima "que se ajusta a la realidad" la reclamación de la constructora. Esta valoración judicial es la que sigue cuestionando el Concello.
