El Concello de Pontevedra llegó a superar a lo largo del pasado año esos 30 días de plazo máximo que establece la ley para hacer frente a los pagos a proveedores. A lo largo del pasado año justificaron estos picos en los que se incrementó la demora en la puesta en marcha de la factura electrónica, que supuso una losa para la administración local a la hora de agilizar los pagos comerciales pendientes.
Al parecer, la situación se pudo normalizar a finales del pasado año de tal forma que a partir de ahí el objetivo era volver a esa media inferior a los 30 días de espera que marca la Ley. Al menos en lo que respecta a los trabajadores autónomos parece que lo han conseguido.
