El juzgado de instrucción número 1 de Pontevedra será el que asuma finalmente un mayor volumen de trabajo a la hora de investigar las presuntas irregularidades destapadas en la "Operación Patos". Este órgano judicial instruirá tres de las cuatro piezas separadas en las que su titular, la magistrada Casilda Suárez, desgajó las actuaciones remitidas a su vez desde el juzgado de instrucción número 7 de Vigo, que fue el que inició las actuaciones. Una cuarta pieza, la referida a los supuestos "enchufes" de conocidos de políticos y funcionarios del Concello de Pontevedra en la concesionaria del servicio de limpieza, Cespa, será investigada por el juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra, cuyo titular es el magistrado Xermán Varela.
Inicialmente, tras la inhibición de las piezas relacionadas con Pontevedra por parte del juzgado de Vigo, el caso recayó al completo sobre Instrucción 1 de Pontevedra. Sin embargo, su magistrada, tras analizar las actuaciones, determinó que se trataba de cuatro investigaciones distintas que deberían ser tramitadas de forma independiente. Por lo tanto, las separó y las envió a reparto, quedándose finalmente con tres de ellas.
Entre estas tres piezas separadas que permanecerán en el juzgado número 1 de la capital está la que se podría denominar como investigación principal en torno al Concello de Pontevedra y que afecta a la adjudicación a la empresa Eiriña, eje de toda el entramado de la Operación Patos, de tres obras por valor de casi dos millones de euros: la reforma de Santa Clara, la de la Avenida de Lugo y mejoras en viales de Salcedo. El informe elaborado en su día por la UDEF a petición del juzgado constató "la cercanía" de técnicos y funcionarios del Concello con cargos de Eiriña, además de detectar anomalías en estas contrataciones. También advertían como una posible irregularidad el levantamiento por parte del alcalde de los reparos suspensivos del interventor y la asesoría jurídica para permitir que fuese la propia adjudicataria la que se encargase de los planes de seguridad y salud de estas obras, algo que no está permitido, recalca la UDEF. Por último, la Policía creía que la aportación realizada por Eiriña para la Cabalgata de Reyes de Pontevedra podría ser una recompensa de esta firma al Concello por la contratación de las citadas obras. Por parte del Ministerio Público la investigación la asumirá el fiscal de delitos económicos Jesús Calles, quien ya analiza la documentación que obra en la causa antes de decidir si solicita al juzgado la realización de alguna diligencia.
Otra de las investigaciones que permanecerá en el juzgado número 1 es la que se refiere a supuestos amaños en las contrataciones de tres obras por parte de la delegación provincial de la Consellería de Política Territorial de la Xunta.
Subvención a Ence
La tercera investigación se centra en unas obras realizadas por la empresa Ence gracias a una subvención pública de la Xunta, obras que debieron someterse a un concurso invitando a varias empresas a realizar los trabajos. Se investiga si Eiriña facilitó a Ence un presupuesto ficticio para cumplir este trámite de invitar a varias firmas a la hora de contratar las obras. El fiscal que investigará el caso es el responsable de Delitos Económicos en Pontevedra, Augusto Santaló, y es el asunto que se encuentra ya más avanzado puesto que el fiscal ha solicitado los primeros informes a la Xunta acerca de la subvención concedida a la empresa radicada en Lourizán.
Por último, en el caso de Cespa, que es la investigación que deberá dirigir el titular del juzgado número 2 de la capital, se basa en la incautación por parte de la Policía Nacional de un documento en el que se recogen apuntes en los que aparecen diversos trabajadores contratados por esta concesionaria, señalando como "mentores" de los operarios a diversos políticos y funcionarios del Concello de Pontevedra, entre ellos el alcalde y varios concejales del anterior gobierno. El documento se halló durante un registro en la sede de Cespa.
