Todos los que defienden la declaración de "persona non grata" al presidente del Gobierno en funciones aseguran que se trata de un "gesto simbólico", sin más recorrido que "demostrar a Rajoy que Pontevedra está en contra de la prórroga de 60 años en Ence". Pero en realidad, si finalmente el BNG apoya la propuesta de Marea y PSOE y el lunes se aprueba en el pleno esa declaración, el acuerdo puede tener consecuencias para el Concello. Así se advierte en un informe jurídico del secretario xeral del pleno, que indica que este tipo de acuerdos "constituye un exceso" de las competencias municipales y podría ser objeto de impugnación. Por ello, aconseja que se varía la fórmula de reproche a Rajoy y se evite ese calificativo de "non grato" para lograr una "mayor seguridad jurídica".
Los grupos municipales conocen desde hace más de una semana este informe, pero los dos promotores de la declaración, Marea y PSOE, insistieron ayer en la propuesta. Así, Luís Rei apuntó que "la prórroga a Ence hace a Rajoy acreedor a este repudio porque condena a 83.000 pontevedreses a una cadena perpetua gracias a la reforma de la Ley de Costas". Da por hecho que el actual presidente en funciones no renovará el cargo, el portavoz de Marea afirma que esta declaración de "persona non grata" supondrá "el final que se merece". Anunció Rei que En Marea trabajará en el Congreso para que se anule esa prórroga y anunció que pedirá en el Concello todas las licencias urbanística que pudiera haber para todas las instalaciones de Lourizán en terrenos de Costas "y si no existen, reclamaremos que se actúe en consecuencia" con expedientes de disciplina urbanística.
"Falta de respeto"
Por su parte, el socialista Agustín Fernández opina que aquella decisión sobre la concesión de Costas "es un ataque a esta ciudad y una falta de respeto". Considera que "la mayoría de los pontevedreses" está de acuerdo con la declaración "porque están en contra de esos sesenta años de prórroga". Desde la Diputación, su presidenta Carmela Silva, también del PSOE, declinó ayer valorar el posible acuerdo municipal del próximo lunes. "Soy muy respetuoso con la decisión de los concellos, pero no me atañe a mi posicionarme, no tengo nada que vez", apuntó la titular del gobierno provincial, que sí se manifestó en su día contra la permanencia de Ence en la ría. El alcalde, Miguel Fernández Lores, ya anunció el voto favorable del BNG a la declaración de "persona non grata", si bien admite que "no sirve" para resolver el fondo del asunto, centrado en anular esa prórroga.
El informe elaborado por el secretario del pleno indica en sus conclusiones que la declaración "no afectaría al derecho al honor" de Rajoy, dada "su relevancia política y el conocido marco de discrepancia de la mayoría de la corporación" hacia la citada prórroga. Pero aclarado ese punto, alerta de que este tipo de declaraciones "no tienen respaldo expreso en la administración". El informe reúne una prolija documentación jurídica, con sentencias sobre casos similares. Al respecto apunta que "existe una linea jurisprudencial que las considera nulas, y otra que las entiende como meras declaraciones institucionales, carentes de efectos jurídicos y, por lo tanto no residenciables ante la jurisdicción contencioso-administrativa", y cree que la persona contra la que se adopta el acuerdo y la conocida discrepancia sobre Ence podría encajar en esta segunda opinión.
Sin embargo, este alto funcionario aconseja que se reconsidere la idea. Así, apunta que "la crítica de la decisión adoptada en relación con el tema que motiva la declaración de persona non grata no merece reproche jurídico alguno, pero el añadido de calificar a una persona con nombres y apellidos como non grata podría constituir un exceso en su habilitación (del Concello) por lo que se aconseja que se cambie la fórmula, dejando clara la posición del Concello, con toda la contundencia que se desee, pero evitando dicho calificativo, en aras a su mayor seguridad jurídica".
Antecedentes
El mismo informe hace referencia a dos escritos del mismo funcionario. Uno de ellos, de diciembre de 2012, ya alertaba entonces de que "resulta improcedente la realización de declaraciones de tal estilo por las entidades locales, al no incluirse en ninguna de sus competencias, ni puede incluirse en la genérica cláusula de la autonomía municipal", toda vez que entre esas competencias no figura "la de calificar a sus ciudadanos o a otras administraciones o personas jurídicas en general, independientemente de las apreciaciones que, en el marco de la crítica política, puedan merecer sus actuaciones, especialmente de tener relevancia pública".
En otro informe fechado en abril de 2011, que se reproduce parcialmente en el documento conocido ayer, el alto funcionario municipal apunta que "es cierto que la reprobación o declaración de persona non grata que puede adoptar el pleno es de carácter político, pero también es cierto que no existe cobertura legal para este tipo de actuaciones y exceden del marco de las competencias municipales", hasta el punto de que "puede tener clara trascendencia social, siendo, por lo tanto, impugnable".
