El secretario xeral de Calidade y Avaliación Ambiental apeló a las "exigencias" que impone la prórroga, a propuesta de la Xunta para defender esa ampliación de la concesión que Costas otorgó el pasado 20 de enero, mientras que Montse Prado consideró esa decisión como una "cacicada".
En su intervención ante la comisión de ayer del Parlamento de Galicia, De Benito indicó que la presencia de esa planta de Ence está condicionada a nuevas "exigencias de carácter ambiental", entre las que señaló "dos relevantes", que incluye a partir de 2018 la necesidad de cumplir los "nuevos requerimientos de la Comisión Europea" así como "eliminar las balsas de seguridad". Antón Sánchez restó validez a esas "condiciones" porque "estaban pactadas con la empresa y se presentan como un premio". Aún así, la Xunta insiste en su objetivo de "mantener el más alto nivel de exigencia" y "garantizar de forma permanente y efectiva los mayores niveles de control ambiental".
La parlamentaria del BNG Montse Prado calificó la prórroga como "indecente e ilegítima", ya que "Galicia de momento tiene competencias plenas en ordenación del territorio" recogidas en la Constitución y el Estatuto de autonomía. Recordó que la concesión no caducaba hasta 2018 por lo que la decisión adoptada constituye "un auténtico fraude democrático". Negó que sea un procedimiento administrativo reglado y que se hizo con un Gobierno en funciones y subrayó que no solo "la empresa gana millones", sino que "el PP parece que también gana" con esa decisión porque "sabemos quién saca beneficio" con las "puertas giratorias" para colocarse en puestos del consejo de administración.
El diputado de AGE Antón Sánchez recriminó al PP y al propio presidente de esa formación y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el haber modificado su postura, al haber propuesto en su programa electoral años atrás un cambio de ubicación de la planta y posteriormente favorecer su permanencia.
