Las dos acusadas del conocido como crimen de Chancelas, la vecina de Vilalonga Albertina Táboas; y Rocío Gondar, de Noalla; deberán permanecer en prisión provisional al menos hasta que se celebre el juicio por este caso, señalado ya para el próximo 28 de marzo. La Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra ha decidido prorrogar por dos años más el encarcelamiento de ambas mujeres, situación en la que se encuentran desde el 13 de febrero de 2014, cuando fueron detenidas como presuntas autoras materiales de la muerte a golpes del octogenario de Poio Secundino Prego Amil, un crimen del que esta misma semana se cumplían dos años, al haberse cometido en la noche del 2 de febrero de 2014.
La decisión de la Audiencia, conformada ayer por fuentes oficiales del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se produce apenas tres días después de la vista en la que se analizó si se ampliaba o no esta prisión provisional. En aquel acto la fiscal que investiga el caso, Carmen Novo, solicitó al tribunal esa prórroga dado que a su juicio, y a pesar de las reiteradas peticiones de puesta en libertad que se han solicitado por parte de las defensas de las implicadas a lo largo de los últimos meses, subsisten los mismos motivos que llevaron a solicitar el encarcelamiento de ambas sospechosas hace dos años o incluso se han agravado. La Audiencia parece asumir estas tesis. La acusación particular, que ejerce la familia de Secundino Prego Amil, también se manifestó a favor de que se mantenga la pena de prisión preventiva para ambas acusadas. Curiosamente, la cercanía de la fecha del juicio provocó que el abogado defensor de Albertina Táboas no mostrase oposición ante la petición del Ministerio Público de que se prorrogase la prisión provisional, no así el letrado que defiende a Rocío Gondar que volvió a solicitar su puesta en libertad.
El riesgo de fuga (cabe recordar que una de las detenidas, Rocío Gondar, tenía ya en su poder un billete de avión para reunirse con su pareja en la República Dominicana cuando fue detenida) así como las elevadas penas de cárcel a las que se enfrentan debido a la gravedad de los hechos que se les imputan llevaron ala fiscal a mantener esta medida privativa de libertad.
Según trascendió en su día, la fiscal Carmen Novo solicita una pena de 20 años de prisión para cada una de las acusadas por un delito de asesinato con el agravante de abuso de confianza (ambas trabajaban como cuidadoras de Secundino Prego). La acusación particular suma a esta lista otras circunstancias como ensañamiento o la de precio, recompensa y promesa. En el escrito, el Ministerio Público vuelve a poner de relieve que el probable móvil de las dos cuidadoras era hacerse con la herencia del jubilado, quien días antes había modificado su testamento para hacer heredera universal de sus bienes a Albertina Táboas.
En cuanto al relato de los hechos que realizan las acusaciones, básicamente coinciden con lo que trascendió hasta ahora de estos hechos. La víctima había acudido aquel domingo a la discoteca la Luna en Cerponzóns y cuando regresó a casa, ambas acusadas lo habrían golpeado con una cazuela (que se rompió) para continuar luego pegándole reiteradamente con el bastón del jubilado y acabar finalmente con su vida utilizando una piedra.
