Los informes definitivos que elaboren los Bomberos y los servicios técnicos municipales serán la principal base que utilizará el Concello para exigir a los propietarios del inmueble incendiado el pasado lunes en el casco viejo la instalación de las necesarias medidas de seguridad que garanticen que no habrá riesgo en los próximos meses de que el edificio se desplome o represente algún peligro. Por el momento la zona permanece vallada tanto por la calle Michelena como por los Soportales y los Bomberos han vaciado prácticamente la totalidad de elementos que podrían desprenderse.
Sin embargo, especialmente por Soportales, solo queda en pie la fachada exterior del desaparecido comercio de telas La Moda Ideal y se trata de la parte que precisa de mayor protección. De hecho, el Plan especial del casco viejo (Peprica) otorga la protección de menor calado (Ambiental B y C) al inmueble por Michelena, lo que obliga a mantener la fachada pero sí permite elevar el número de plantas. Pero por Soportales se trata de una protección estructural, de las más altas del Peprica, que ordena conservar íntegramente la fachada, patios interiores y elementos estructurales, si bien solo sería posible recuperar la primera. El resto tendría que ser una reconstrucción ya que las llamas arrasaron con la totalidad del interior del inmueble.
La concejala de Seguridad Ciudadana, Carmen da Silva, explicó ayer que la Policía Científica ya dispone de los primeros indicios sobre el origen del fuego, que se sitúa como hipótesis en el lado de Michelena, pero más complejo será determinar las causas debido al derrumbe de buena parte del interior.
Mientras tanto, son varios los equipos que trabajan en el inmueble, al margen de las labores de desescombro. Además de la Policía, los peritos de las compañías aseguradoras también han comenzado sus tareas, y los técnicos municipales, con el fin de determinar el estado real de los restos. Una vez que se disponga de los informes de estos últimos se decidirán las medidas de seguridad hasta que se decida acometer la rehabilitación del inmueble.
Pero este último apartado ya no está directamente en las manos del Concello. El gobierno local sí podría dictar una orden de ejecución a los propietarios imponiendo una serie de medidas para atajar problemas de seguridad, pero no una rehabilitación en toda regla. Incluso en el caso de que se desobedeciera aquella orden, el Concello podría acometer esos trabajos de forma subsidiaria, para pasar después la factura a los dueños. Da Silva explicó que esta última fórmula se aplicó en julio de 2014 cuando se desplomó el interior de un inmueble en la plaza de A Verdura "y aún estamos a vueltas para cobrar la factura".
Declaración de ruina
Otra vía que puede esgrimir el Concello es declarar la ruina del edificio, lo pidan o no los propietarios. Esta declaración, que se tramita por ejemplo para el abandonado Pazo Mariño de Lobeira, en la calle César Boente, forzaría a los propietarios a acometer la rehabilitación, al tratarse de un edificio protegido en el casco viejo. Si se tratara de un inmueble no catalogado y fuera de la zona monumental una declaración de ruina acarrearía su demolición, pero no es el caso del recinto de Soportales. En este caso no solo son precisos los informes de los técnicos municipales, sino también del departamento de Patrimonio Histórico de la Consellería de Cultura.
La declaración de ruina es una vía muy excepcional en el Concello. El último caso, muy llamativo, es el de Mariño de Lobeira, donde Patrimonio aceptó esa vía en diciembre pasado pero con condiciones. Ese acuerdo está supeditado a que los propietarios presentan en el plazo de seis meses los proyectos de demolición y consolidación de las estructuras, así como otro de reedificación, todos ellos ajustados al Peprica. El acuerdo, además, deja abierta la demolición parcial del inmueble. En todo caso, esta declaración de ruina facilita las vías para afrontar la rehabilitación y según señaló el gobierno local, fue una demanda tanto de la propiedad como de los vecinos y del propio Concello ante el grave y creciente deterioro del inmueble supone un riesgo para la seguridad y un foco de insalubridad. Este edificio fue objeto de varios desprendimientos en el años 2011, por lo que el servicio municipal de Disciplina Urbanística ordenó el desmontaje parcial de la cubierta y la instalación de una valla que actualmente está muy deteriorada. Estas medidas, en todo caso, no impidieron la constante presencia de okupas, con varios incendios incluidos.
