La comisión parlamentaria de Medio Ambiente acogió ayer el primer debate de la Cámara gallega sobre Ence después de que el Gobierno central acordara prorrogar por 60 años más, hasta 2073, su concesión sobre los terrenos marítimo-terrestres de Lourizán. Lo hizo a raíz de una propuesta del PSOE para que la Xunta emita un nuevo informe ambiental que vaya más allá de los meros datos técnicos e incluye una valoración política sobre la conveniencia o no de otorgar esa ampliación.

Aunque la socialista Patricia Vilán encontró el apoyo de Ana Pontón (BNG) y Juan Fajardo (AGE) en sus críticas al "silencio" del Gobierno gallego, el PP ha hecho valer su mayoría para rechazar la iniciativa. El diputado popular Jacobo Moreira, que es a su vez portavoz del PP en el Concello de Pontevedra, recalcado que el procedimiento administrativo ya está "finalizado", por lo que esta petición es "extemporánea".

También subrayó que la Xunta se limitó a verificar en su informe que Ence sigue cumpliendo con los requisitos de la autorización ambiental que en 2008 le concedió el Ejecutivo autonómico que entonces gobernaban PSOE y BNG. Sobre el cambio de posicionamiento del PP respecto a la permanencia de Ence en la ría que los grupos de la oposición se encargaron de recordar, Moreira dijo que fue "por la defensa del empleo". "Nuestros aliados son los trabajadores", insistió, una frase que Vilán recibió con sorpresa "vista la reforma laboral de su partido".

Moreira alegó que tras el acuerdo por unanimidad del Parlamento, hacia varios años, respecto a su marcha en 2018, cuando finalizaba la concesión con la anterior Ley de Costas, hubo una modificación de esa normativa que abría "otras alternativas" al cierre.

Ante las acusaciones de la oposición de "legislar para un consejo de administración en el que hay destacados miembros del PP, desde exconselleiros a exministros de medio ambiente" el portavoz popular negó esté del lado de la pastera.

Patricia Vilán tachó de "farsa" el informe que la Xunta envió al Ministerio de Medio Ambiente el pasado mes de noviembre, y por eso exigió uno nuevo con una valoración sobre la conveniencia de la prórroga de la concesión y que sea vinculante. Vilán acusó al PP de "ocultar" durante la tramitación de la modificación de Ley de Costas sus intenciones respecto al futuro de Ence en la ría de Pontevedra, ya que entonces no hubo "ni una sola palabra" al respecto.

Se pregunta las razones de que a cambio de la prórroga de la concesión Ence se compromete a invertir 61 millones de euros y subrayó que a la pastera le resultaría igual de rentable no cumplir con lo prometido porque la concesión solo se reduciría diez años, de 60 a 50.

Juan Fajardo calificó la prórroga de "cacicada", al igual que Ana Pontón, quien reprochó a la Xunta que haya hecho "dejación de funciones" y no haya defendido "los intereses públicos". La parlamentaria del BNG apuntó también que el "trato de favor" a Ence no se limita a la ampliación de la concesión, sino también a la rebaja en un 60% de las tasas que paga en el puerto de Ribadeo por parte de Portos de Galicia. En este sentido, el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, explicó ayer que "había y sigue habiendo un acuerdo" del Gobierno gallego con Ence para "no desplazar tráficos de Ribadeo hacia Asturias". Se refería a un convenio firmado con Ence en 2011, pero conocido esta semana, con el que le habría rebajado "hasta un 60 por ciento" la tasa por usar el muelle de Ribadeo para embarcar la pasta de papel que produce en su fábrica asturiana de Navia. Entonces el puerto de Gijón tenía en proyecto una conexión ferroviaria para acaparar todos esos tráficos, pero el proyecto quedó finalmente en suspenso. Feijóo indicó que del "contenido y alcance" del convenio puede "informar" la consellería, puesto que él "no" lo conoce, pero sí defendió el "acuerdo" para "no desplazar tráficos de Ribadeo hacia Asturias". No en vano, esgrimió que "el objetivo" de las administraciones, de los "sectores sociales" de Ribadeo y de "toda Galicia" era el de "no desplazar cargas de madera gallega hacia otras comunidades".

Por ello, Pontón indicó que "la corrupción está instalada también dentro de la legalidad cuando se legisla a favor de empresas privadas".

Moreira Ferro insistió en su defensa de los trabajadores "frente a la postura de los que quieren cerrar empresas y destruir empleo" y admitió que Ence "claro que contamina, al igual que contamina la iluminación de esta sala, pero cumple los parámetros que marca la ley y eso es lo que dice el informe de la Xunta", emitido en noviembre y que detalla el grado de cumplimiento de la pastera de la Autorización Ambiental Integrada otorgada en 2008 y prorrogada después. Por ello Moreira descartó de forma rotunda que se emitan más informes al respecto y menos sobre la conveniencia o no de la prórroga". Cerró su intervención emplazando a los demás grupos a "trabajar todos juntos para generar más empleo en Pontevedra y la comarca".