Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe) y BNG han elevado a Europa la prórroga del Gobierno de Mariano Rajoy en funciones a la fábrica de ENCE, cuya concesión en los terrenos de Lourizán, en Pontevedra, se extiende ahora hasta 2073.

Así, la eurodiputada de AGEe, Lidia Senra, ha avanzado que "pondrá en conocimiento" de la Comisión Europa la prórroga que el Ejecutivo estatal "viene de ampliar a esta empresa contaminante".

Según ha recordado AGEe, el pasado 2 de diciembre, distintos colectivos y organizaciones que luchan por la defensa de las rías y ríos de Galicia participaron en la capital europea en un encuentro en el que, dijo, el representante de la Comisión Europea del departamento de seguimiento de las infracciones y cuestiones jurídicas, José Manuel Servet, también estaba presente.

En ese encuentro, recuerda Alternativa Galega de Esquerda en Europa, "se subrayó como uno de los principales agentes responsables de la mala situación de las rías y ríos, precisamente, la propia administración".

Por ello, ha denunciado que "ver un gobierno en funciones tomando la decisión de conceder 60 años más de licencia a una fábrica contaminante es un claro ejemplo de como el PP gestiona las cuestiones medioambientales". "Actuando igual que el zorro al 'cuidado' de las gallinas", ha manifestado Lidia Senra.

A juicio de la eurodiputada, "el PP ya no es que no haga políticas para mejorar la calidad de vida de las personas, sino que directamente hace políticas en contra de todos". "Es vergonzoso verlos apurando el intercambio de favores con el sector privado a costa de la salud de la población y de la riqueza de la ría", ha enfatizado, en referencia a los populares.

Lidia Senra ha puesto de manifiesto que "si de verdad se quiere alcanzar el saneamiento y recuperación de la ría, el camino es la eliminación definitiva de ENCE" de los terrenos de Lourizán.

Pronunciamiento

Por su parte, la portavoz del Bloque en Bruselas, Ana Miranda, ha introducido una interpelación a la Comisión en la que subraya que esta empresa "incumple sistemáticamente la directiva 91/271/CEE sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas". El BNG quiere que el Ejecutivo de la UE manifieste su posición ante la decisión del Gobierno español, en relación a esta "multinacional que no cumple legislación comunitaria".