El gobierno local de Pontevedra, firme opositor a la consolidación de Ence en la ría, no da la batalla por perdida y así anunció, a través de la edil de Urbanismo, Carme da Silva, que los servicios jurídicos del Concello están estudiando la resolución adoptada por el Gobierno en funciones, para su posible impugnación. Por otra parte, la nacionalista recordó que la composición del Congreso de los Diputados no es la de hace un mes, por lo que se buscará una "unidad de acción" de los grupos que no estén en sintonía con el PP, para posibilitar la impugnación de este acuerdo.
Carme da Silva lamentó la "falta de respeto institucional" demostrado por el Gobierno central, que ayer contestó al Concello de Pontevedra las alegaciones presentadas a la prórroga de la concesión, un día después de que la propia empresa comunicase que la prórroga está concedida.
La respuesta del Ministerio de Medio Ambiente al Concello, con fecha de salida del 20 de enero pasado, entró en el Registro municipal ayer. "Las comunicaciones no son gran cosa, pero tampoco son tan malas", ironizó la concejala nacionalista sobre esta cuestión. Critica además que "el Estado pone todo su aparato administrativo a disposición de Ence y la pastera comunica la prórroga antes de que el propio Concello reciba un escrito del ministerio, en el que simplemente se dice que sus alegaciones serán valoradas y contestadas".
Respeto
Da Silva lamentó que la Administración central carezca "de todo respeto institucional", al margen de que "la propia Ence actúa como portavoz del ministerio, porque comunica la prórroga de la concesión antes que el propio Gobierno", indicó la concejala.
Otra de las cuestiones que llaman la atención en el escrito remitido por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente es que se informa al Concello de que la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) solicitó el 12 de enero pasado el reconocimiento como parte interesada en el procedimiento y que se lo deniegan, una cuestión del todo ajena al Ayuntamiento. La resolución explica al gobierno local que queda fuera de la acción popular los procedimientos administrativos y que dicha asociación "carece de interés legítimo" en el procedimiento.
Al margen de que sean cuestiones que no afectan a la solicitud presentada por el ayuntamiento, la concejala criticó que "cuando se les llena la boca de hablar de transparencia, y aquí pretendieron darnos unas cuantas lecciones sobre este asunto, resulta que una asociación ciudadana no tiene capacidad para acceder a un expediente, para poder alegar lo que considere necesario, teniendo en cuenta además que en Urbanismo y en Medio Ambiente hay acción pública y que uno de los principios fundamentales de la actuación de la Administración en estos asuntos son precisamente las exposiciones públicas", explicó la concejala. "Las consultas ambientales son la parte fundamental de estos procedimientos y el ministerio dice sin embargo que no entra en este ámbito la acción popular", se sorprende Da Silva.
La resolución remitida por el Ministerio de Medio Ambiente al Concello resuelve que APDR carece de "interés legítimo" para personarse en el expediente, alegando que la resolución impugnada -"al margen de que no impugnaban ninguna resolución, solo querían formar parte del procedimiento", como apunta Carme da Silva-, debe repercutir de manera clara de manera clara y suficiente en la esfera jurídica de quien la sufre, según indica la resolución ministerial.
"Deleznable"
"Este escrito es absolutamente deleznable y nos viene a dar la razón en que el ministerio se puso a trabajar desde hace muchos años para Ence, desde modificar la ley hasta ahora, un cronograma perfectamente definido. Ni siquiera tienen la poca vergüenza de comunicar al Concello antes que a la empresa", añade la concejala, quien también criticó que el Estado no pone la misma diligencia y los mismos resortes de la Administración al servicio de "cualquier ciudadano que tenga un problema con una vivienda" en la línea del litoral.
Da Silva recordó que esta solicitud del Concello de Pontevedra se refería a la ampliación del plazo. El ministerio dio el 18 de diciembre un período de diez días al gobierno local para conocer el expediente en Madrid.
