La noticia se hacía oficial a las 13.40 horas de ayer, momento en el que Ence comunicaba a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su concesión para ocupar con su fábrica de pasta de papel los 600.000 metros cuadrados de terrenos marítimo-terrestres en las marismas de Lourizán se prorrogaba por sesenta años más, hasta 2073. Esta ampliación, adelantada por FARO en su edición digital, resuelve más de 27 meses de incertidumbre sobre el futuro del complejo, desde que en octubre de 2013 la empresa la solicitó al amparo de la nueva Ley de Costas, modificada por el actual Gobierno unos meses antes, que abría desde entonces las puertas a estas prórrogas para dejar, por tanto, sin efecto el anterior plazo de caducidad de la concesión en 2018.
Ence recibía ayer mismo la resolución dictada por la directora general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por delegación de la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, por la que se concede esa prórroga por 60 años. La decisión, adoptada por el Gobierno central en funciones, incluye un plazo adicional de diez años sobre los cincuenta inicialmente previstos como máximo para este tipo de concesiones, "vinculado a la ejecución de una serie de inversiones valoradas en 61 millones de euros", según el comunicado de la empresa a la CNMV, organismo al que obligatoriamente la compañía debe informar de todos sus "hechos relevantes" al cotizar en Bolsa.
En esa misma información Ence indica que los sesenta años comienzan "a contar desde el momento de la solicitud, el 8 de noviembre de 2013", por lo que no vencerá hasta 2073. La noticia, pese a que era esperada por todos, cayó ayer como una "bomba" en toda la comarca, tanto entre los detractores como entre los partidarios de la continuidad de una fábrica que ya suma medio siglo de presencia a orillas de la ría. Trabajadores de Ence y de las numerosas empresas auxiliares, empresarios y partidos como el PP manifestaron de inmediato su "satisfacción" por la garantía de los puestos de trabajos, mientras que el gobierno local y entidades ecologistas critican que la decisión se adoptada con un Gobierno en funciones y ya preparan recursos judiciales para tratar de frenar la prórroga a una concesión original que fue otorgada en junio de 1958, hace casi 58 años.
Las inversiones a las que hace referencia el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para otorgar un plazo adicional de diez años sobre lo máximo previsto son cifradas por la empresa, en otro comunicado público añadido al enviado a la CNMV, suman una partida inicial de 61 millones de euros y tienen el objetivo de "que la celulosa de su fábrica de Pontevedra se ponga al mismo nivel de costes que la del centro de operaciones de la empresa en Navia (Asturias), que ya es una de las dos plantas de celulosa más competitivas de Europa".
En esa nota, Ence subraya que "entre las inversiones comprometidas, destacan los 30,2 millones de euros que la compañía destinará a una importante mejora de la eficiencia de la fábrica, lo que permitirá un crecimiento en celulosa y energía renovable".
Además, incluye otros 15 millones para "la instalación de un nuevo ciclo del agua, que hará posible recuperar gran parte del agua del proceso y minimizar el volumen del efluente". Esta actuación ya fue explicada por el director de la planta pontevedresa, Antonio Casal, en septiembre de 2015, cuando la empresa ya se declaraba "optimista" con respecto a una prórroga finalmente confirmada ayer.
Menos agua
Con este plan de agua la planta prevé pasar de consumir 39.000 metros cúbicos del río Lérez a unos 3.900 que se verterán al emisario submarino. También se avanzó que supondrá la supresión de las balsas de decantación ubicadas en los terrenos del complejo industrial y Ence convocó a las principales empresas multinacionales del sector de aguas para continuar avanzando en eficiencia en su ciclo del agua. Ya contaba entonces con seis propuestas procedentes de otras tantas empresas multinacionales del sector de la depuración de aguas. Todas ellas alcanzan el objetivo de reducir la demanda de agua del río Lérez hasta dejarla en unos 4.000 metros cúbicos de agua al día.
Entre los planes de futuro que garantiza la compañía que preside Juan Luis Arregui tras confirmarse su continuidad a orillas de la ría figura "su compromiso con las mejoras ambientales" y en concreto hace referencia a "la eliminación de olores, de ruidos y de vapores, así como para garantizar la fiabilidad medioambiental más allá de sus obligaciones legales, con una inversión cercana a los 12 millones de euros". También destaca los "cuatro millones que se dedicarán al diseño y ejecución del proyecto de integración paisajística de su fábrica de Lourizán, que aportará una significativa mejora de su presencia visual en la Ría de Pontevedra".
Vallado de troncos
Este proyecto de integración paisajística fue elegido por el grupo empresarial a raíz de un concurso de ideas que se desarrolló en el año 2013 y en el que finalmente salió elegida la propuesta titulada "Materia propia", presentada por los arquitectos valencianos Marta Ors y Carlos Trullenque. Su ejecución siempre se vinculó a la concesión de la prórroga, como el resto de inversiones. Las claves del diseño ganador son un vallado de troncos que rodea todo el perímetro de la factoría, espacios intermedios con vegetación (eucaliptos, pinos gallegos, carballos, xestas o saucos) y las naves de calderas también recubiertas de rollos de madera. También se crearán pantallas vegetales de diferentes alturas para generar distintos campos de profundidad visual mediante especies como eucaliptos y pinos, pero haciendo también uso de praderas o masas semejantes a las del bosque situado tras la fábrica. La idea es crear espacios vegetales que funcionen como "colchón visual" y acústico entre la factoría y todo su perímetro.
La empresa recuerda en su comunicado de ayer que "todas estas cantidades, que están avaladas en la solicitud de prórroga, fueron anunciadas al mercado en el Investor Day celebrado por la compañía el pasado mes de noviembre" Además, detalla que esos 61 millones iniciales podrían incrementarse en 74 millones más, hasta los 135, si finalmente se elige a Pontevedra como ubicación de la planta de biomasa de 40 megawatios que hace unos días otorgó el Ministerio de Industria y para la que se barajan dos emplazamientos más: Villaturiel en León, y Huelva. La compañía no aclara si esta prórroga inclinará la balanza a favor del complejo de Lourizán pero sí hace referencia a ella y recuerda que "figura en el Plan Estratégico de la empresa y que se menciona en la solicitud de prórroga", una ampliación que, como concluye Ence "ha sido posible porque la fábrica de Ence en Lourizán, referente medioambiental de su sector en Europa, cumple holgadamente la exigente normativa medioambiental europea.
