Los estrictos requisitos y la delicada documentación que requiere la Xunta de Galicia para tramitar unas ayudas europeas destinadas a las asociaciones de padres y madres de alumnos para realizar actividades complementarias que facilitan la conciliación familiar y laboral han llevado a muchas de estas ANPAS a plantearse muy seriamente la posibilidad de renunciar a esta subvención ante la imposibilidad material de presentar su solicitud. Todo ello a pesar de que esta ayuda pública podría rondar los 6.000 euros por asociación, una cantidad más que significativa para las apretadas economías de unos colectivos que funcionan gracias a las aportaciones de los propios padres y las ayudas que puedan recibir de las instituciones.

Así lo explicaba ayer el presidente de la Federación de Anpas de Pontevedra, Rogelio Carballo, quien señala que las condiciones que establecen las bases de estas ayudas, que la Xunta acaba de publicar, atribuyen al ANPA obligaciones que no les corresponden, como recoger y gestionar documentos con información "sensible" como puede ser documentación fiscal de los padres participantes en estos programas de conciliación. Carballo comprende que la administración tenga que fiscalizar y controlar que las ayudas llegan realmente a las personas que las merecen, pero señala que esa es una labor que debe corresponder a la propia administración. Según explicó, la Xunta parece corregir en parte este hecho y ayer mismo publicó una orden en la que abre la posibilidad de solicitar que sea la propia administración la que solicite a los padres esta documentación. Aún así, el peso que se descarga sobre las ANPAS (que cabe recordar están compuestas por padres voluntarios) es inmenso, no solo gestionando la actividad sino también se le exige un control fiscalizador sobre la misma que excede las capacidades de las asociaciones de madres y padres, además de considerar que se trata de una competencia que no les corresponde.

Esta situación ya ha motivado una reunión de la Federación con los distintos grupos políticos de la Corporación de Pontevedra y algunos de los partidos ya han movido los hilos para que el asunto llegue al Parlamento gallego. Desde las FANPA explican que las actividades están garantizadas, dado que están sufragadas por los propios padres, pero piden que o se regresa al sistema anterior de justificación de los gastos o plantea a la Xunta que cubra con fondos propios los 250.000 euros de fondos europeos que se destinan a estas ayudas.