El Concello es desde hace algo más de un mes usufructuario de las diez hectáreas cedidas por la comunidad de montes de Canicouva para esa futura planta de compostaje, de modo que los comuneros ya comienzan a percibir, a año vencido, los 20.000 euros anuales pactados por este alquiler. Sin embargo, el gobierno local todavía no "tiene claro", en palabras del alcalde, Miguel Fernández Lores, el resto de su proyecto de compostaje. No está decidido cómo se ejecutará la planta, qué municipios la utilizarán y que sistema de gestión se empleará. Tampoco se sabe cómo se realizará la reparación en origen. "Es una labor muy compleja y lo estamos analizando todo porque no hay donde copiar; es la desventaja de ser pioneros", apuntaba Lores hace un mes y todavía no se han resuelto esas dudas. Eso sí, "se mantiene el horizonte" de 2017 para que la planta esté en funcionamiento, precisamente el año en el que concluye el actual contrato con Cespa de recogida de basura.
También está por determinar si la planta la ejecuta directamente el Concello o participa la Diputación. Al respecto, el alcalde recordó que existe un protocolo firmado con el anterior gobierno provincial "que habrá que retocar, pero la entidad va a apostar por el compostaje en toda la provincia". Los costes y presupuestos de la propia planta y del tratamiento posterior tampoco se conocer ya que el estudio de viabilidad que elaboró en su día la Diputación "es muy genérico", según admitió el alcalde, que no hizo referencia a otro de los graves inconvenientes de la ubicación, sus accesos y la total falta de servicios de agua o luz. Así lo advirtieron en su día los técnicos municipales.
