La oposición municipal volvió a hacer valer su mayoría de trece concejales frente a los doce del BNG en el primer pleno municipal del año e impuso una serie de "deberes" al gobierno local para este primer semestre del año, entre ellos, regular el tráfico en bicicleta por el centro urbano, dar explicaciones mensuales sobre la gestión de loa acuerdos plenarios y elaborar un plan de activación económica, todos ellos aprobados conjuntamente por PP, PSOE, Marea y Ciudadanos con el voto en contra del BNG.

La más llamativo de estas "obligaciones" quizás sea la de establecer unas normas específicas de circulación para los ciclistas en la ciudad que resuelvan situaciones de "convivencia" entre las bicicletas y los peatones en calles como Michelena, donde "es un caos", según llegó a señalar el concejal del PSOE Iván Puentes. Aparentemente, resulta más peligroso para los peatones el paso de bicicletas por esa calle que el tránsito permanente por la mañana de coches, furgonetas y camiones de reparto por lo que se acordó ayer modificar la ordenanza municipal de tráfico, de 1989, de modo que se regulen aspectos como el lugar por el que deben circular las bicis e incluso a qué distancia de los portales lo deben hacer, detalles que el gobierno local calificó de "absurdos".

El debate se entabló a raíz de una petición del PP para incentivar la instalación de más carriles bici (Jacobo Moreira cree que se puede pasar de los cinco kilómetros actuales a más de 14) con especial referencia a calles como Cobián Roffignac, Benito Corbal, avenida de Lugo Reina Victoria, Doce de Novembro o Fernández Ladreda. Desde Ciudadanos, María Rey apoyó la idea pero aconsejó que se debate en el seno de la comisión del nuevo PXOM mientras que el PSOE señaló que la movilidad ciclista necesita de una regulación ante su "auge por la falta de transporte público y de aparcamientos". El PP también criticó el "despilfarro de dinero" que supusieron experimentos como el Pilla-bici o el carril de Loureiro Crespo ante el Hospital. Marea también votó a favor de la regulación aunque no intervino en el debate.

Por el BNG fue Luis Bará el encargado de rebatir, sin éxito, la alianza de la oposición. Tras mostrar su sorpresa por la defensa actual de los carriles bici por parte del PP cuando no hace muchos criticaba los ejecutados en la avenida de Marín o en el puente de los Tirantes, por eliminar en ambos casos un carril de tráfico, Bará calificó de "inviable, innecesaria e ineficaz" esa red de carriles bici del PP por el centro urbano ya que supondrían reducir aceras para los peatones y cambiar unas normas "ya asumidas". Señaló que en las zonas de "coexistencia" -las calles totalmente peatonales- pueden convivir ambos tránsitos con preferencia para el peatón, y en las calles de carril único y velocidad treinta, los ciclistas deben circular por la calzada y no por la acera.

Además emplazó al PP a aconsejar a otras administraciones que gobierna ese partido, como la Xunta o el Estado, que "resuelve al tráfico peatonal en el vial perimetral" como la carretera vieja de Marín o la PO-11, "que es donde verdaderamente hay peligro e inseguridad vial". También replicó al PSOE al subrayar que "la bici comenzó a ser utilizada en Pontevedra a raíz de la implantación del modelo urbano".

Pese a sus argumentos, la oposición unió sus votos frente al BNG y acordó "modificar el Reglamento Municipal de Circulación para que incluya la bicicleta como medio de transporte" y "que todos los proyectos de reforma urbana de viales en los que coexistan vehículo y peatón incluyan la implementación de carriles bici". Tras este acuerdo, se entrará en el debate de ver cómo se cumple a partir de ahora. Y es que éste fue otro de los asuntos en los que PP, PSOE, Ciudadanos y Marea se aliaron frente al BNG: el seguimiento de cómo se cumplen los acuerdos plenarios, especialmente aquellos auspiciados por la oposición y que el gobierno local no comparte.

Sobre este asunto se aprobó una propuesta de Ciudadanos para que el BNG dé explicaciones periódicas al respecto. Se le reprochó a los nacionalistas su "falta de diligencia" al respecto, y también se echó en cara al gobierno local su "falta de interés con el principal problema del municipio, el paro". Por ello, la oposición impuso un tercer "recado" para los próximos meses: Reservar 500.000 euros para la elaboración de un plan de activación económica". La petición fue formulada por el portavoz del PSOE Agustín Fernández, pero no planteó ninguna medida concreta para llevar a cabo esa reactivación. De hecho, deja en manos del Consello Económico y Social (CES) la elaboración de las propuestas al respecto. Desde el BNG se le recordó que "destinar medio millón de euros sin saber para qué parece ridículo". El PP, a través de su concejala Rafael Domínguez, rescató algunas de las recetas del partido de los últimos meses: "cumplir el presupuesto, bajar la presión fiscal, defender la permanencia de Ence y Elnosa y activar planes de empleo".

El pleno, en el que se acentúa cada vez con más claridad el intento de la oposición de imponer al gobierno local acuerdos de todo tipo, también decidió, esta vez por unanimidad y a propuesta de Marea, elaborar una ordenanza de accesibilidad universal. Por su parte, el PSOE criticó el escaso contenido de las sesiones.