La Fiscalía de Pontevedra se ha puesto manos a la obra para acelerar aquellas causas más antiguas y que se encuentran atascadas en los juzgados de instrucción de la provincia y dar cumplimiento así, en la medida de lo posible, a los plazos de instrucción máximos que establece la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma establece un plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas penales catalogadas como sencillas y un máximo de año y medio para aquellas que puedan ser consideradas complejas.
Con la entrada en vigor de la nueva ley, la Fiscalía General del Estado remitió un oficio a todas las Fiscalías provinciales para que revisasen todas aquellas causas en fase de instrucción, con el objetivo de determinar cuáles son sencillas y complejas, así como intentar adaptarlas a los tiempos de instrucción máximos que establece esta última reforma. Esto obligará los fiscales de la provincia a realizar un importante trabajo extra con la revisión de miles de causas que tramitan los juzgados de instrucción de la provincia. Como ejemplo, los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial señalan que a finales del tercer trimestre de 2015 los juzgados de instrucción de la provincia tenían en trámite 4.357 causas, es decir una media de 396 por juzgado. Todas ellas deberán haber sido revisadas antes del 6 de junio de este año y se habrá establecido, en función de su complejidad y antigüedad, un plazo máximo para cerrar esta fase de investigación y decretar la apertura de juicio oral.
Según explicó el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, la Fiscalía Provincial ha establecido su particular protocolo de actuación para dar cumplimiento a este oficio de la Fiscalía General del Estado. Tras revisar cada uno de estos casos, los fiscales instarán a los jueces de instrucción el sobreseimiento o la conclusión del mismo mediante la apertura de juicio oral en los asuntos más simples. En aquellas causas más complejas solicitarán la correspondiente prórroga para realizar las diligencias pendientes o preguntarán a los jueces de instrucción que fijen un plazo máximo para finalizar el proceso.
Dicha circular emitida por la Fiscalía General insta al Ministerio Público a ejercer "unos mecanismos de control de los procedimientos más minuciosos que los existentes en la actualidad" para evitar la dilación de los procesos.
Esto supondrá una carga de trabajo extra para todos los fiscales de la provincia, que deberán compaginar la revisión de todos estos asuntos antiguos con el despacho de los asuntos cotidianos: guardias, asistencias a juicios, toma de declaración a investigados y detenidos, solicitud de nuevas diligencias a los juzgados, análisis de documentación..., entre otras.
Falta de medios
También los tres juzgados de instrucción de la capital deberán hacer un importante esfuerzo para adaptarse a los plazos que exige la nueva ley. Fuentes judiciales reconocen que es necesario acortar la instrucción de las causas, pero consideran que el mero hecho de fijar unos plazos por ley no servirá para solventar el problema de demoras y colapsos de los juzgados españoles. Creen que de poco servirá la norma si no se crean más órganos judiciales y se moderniza la estructura de la administración de Justicia dotándola de más medios materiales y humanos. Y no solo de los propios juzgados, sino de otras administraciones como es el caso de la propia Policía y Guardia Civil y sus laboratorios de referencia.
Hay diligencias de investigación ordenadas por los juzgados, como elaborar un informe tributario, realizar una muestra de ADN o un análisis balístico y múltiples análisis periciales, que pueden demorarse durante un año; diligencias claves en una investigación que pueden provocar que la instrucción se mantenga parada durante meses debido a la elevada carga de trabajo de los laboratorios de referencia.
