La Xunta última una "propuesta de uso" de su vieja sede de la calle Benito Corbal, abandonada y sin aprovechamiento desde que hace ocho años todas las oficinas autonómicas se trasladaron al complejo administrativo de Campolongo. La reclamación del gobierno local de cesión de ese inmueble para crear un posible "vivero de empresas" parece haber reactivado el interés del ejecutivo gallego por reaprovechar el edificio, una vez descartada su recalificación para usos residenciales.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado la próxima presentación de una propuesta de usos en la que primará el reaprovechamiento del inmueble para usos públicos por parte de la administración autonómica, si bien no se descartan, dado la amplia superficie del inmueble, con más de siete plantas, cesiones parciales a entidades sociales de la ciudad e incluso al propio Concello.
En todo caso, Rueda reprochó al gobierno local que se acuerde ahora de este inmueble, cuando nunca llegó a sacar adelante la vieja propuesta de recalificación, para usos residenciales, que hace más de seis años puso la Xunta sobre la mesa. Al respecto, el Concello señala que "esa operación es muy compleja, ya que al tratarse de un equipamiento, habría que habilitar otro en otro lugar, crear plazas de aparcamiento e incluso zonas verdes", algo de difícil encaje en el emplazamiento actual de la abandonada sede, en una zona densamente edificada.
Vivero de empresas
En todo caso, Rueda no se cierra a la posible cesión de algún espacio al Concello, pero en todo caso no sería la totalidad del inmueble, además de que también se pone en duda la pretensión inicial del alcalde, Miguel Fernández Lores, de entregarlo a la Universidad y a la Zona Franca para crear un vivero de empresas vinculado a las titulaciones del campus.
En el verano pasado, durante la entrevista entre Lores y el presidente de la Xunta el alcalde planteó a Alberto Núñez Feijóo la cesión de ese inmueble para crear un vivero de empresas, usos universitarios e instalaciones que necesiten los emprendedores para poner en marcha proyectos empresariales. Feijóo planteó un plazo de tres meses para responder, pero no hubo contraoferta en ese tiempo. Ahora Lores pretende conseguir el apoyo de toda la corporación para alcanzar un acuerdo unánime de petición del inmueble, si bien la postura de la Xunta no parece proclive a entregar todo el edificio.
