Casi dos años después de que una última sentencia, de las muchas contrarias a este proyecto, declarara totalmente ilegal el parking de Veteris en la calle Antón Fraguas, el Concello ya ha completado los trámites para lograr su legalización y evitar el cierre de unas instalaciones en funcionamiento desde 2010. El segundo plan de infraestructuras, que ampara urbanísticamente este aparcamiento, ya está aprobado y solo resta ahora el visto bueno definitivo de la Xunta. Con esa luz verde final, el Concello ya tendrá la manos libres para convocar un concurso que permita adjudicar de forma lícita su concesión, ya que hasta ahora funciona con una autorización a la misma empresa que ejecutó el aparcamiento y los edificios residenciales superiores, sin concurrencia pública.

Tanto esa adjudicación "a dedo" como el anterior plan de infraestructuras y otros trámites desde hace más de una década fueron anulados sucesivamente por los tribunales, lo que obligó al Concello a reiniciar "desde cero" todo el proceso. De hecho, la concejala de Urbanismo, Carmen Da Silva, que hacía varios años que no formaba parte de esta materia, recordaba ayer que este proyecto debe ser el más antiguo que aún sigue vivo en ese departamento. El plan aprobado ayer ya había sido refrendado en julio pasado por el Concello, pero la Xunta alertó de que faltaban los informes de telecomunicaciones y de servidumbre aeronáutica, por lo que fue necesario aguardar por ellos para una segunda aprobación y evitar futuras impugnaciones similares a las que tumbaron todo el proceso hasta ahora.

Y es que todo lo tramitado durante años hasta 2014 quedó entonces anulado en su totalidad y desde entonces se trabajaba en un nuevo proceso. Ayer se dio el último paso antes de poder convocar el concurso que regularice la concesión del parking, que incluye plazas públicas y privadas compartiendo espacio. Este paso se considera como parte de la ejecución de la sentencia, solicitada hace unos meses por los impulsores de los recursos, por lo que el Concello cree que no habría reclamaciones por esa vía.

El nuevo plan aprobado ayer tiene el objetivo de resolver la "chapuza" de los últimos años y evitar un cierre, que por el momento se descarta, o incluso una demolición que se considera "muy arriesgada". El propio documento aconsejaba reelaborar por completo todo el expediente al entender que "es la más ventajosa y advertía de que una "demolición de las plazas ubicadas en el subsuelo de la vía pública" obligaría a derribar tres plantas de sótano bajo una calle y unos edificios. A juicio del Concello, esta solución, además de dejar a la zona sin este servicio, "conllevaría una serie de riesgos asociados a la propia obra de demolición".

Resolver la concesión

Una vez que se resuelva la actual inseguridad urbanística y jurídica del parking se tratará de resolver la concesión, mediante un concurso público que permita adjudicar de nuevo su explotación, toda vez que la fórmula elegida en su día, entregando esa gestión a la empresa que ejecutó la obra (así como la urbanización residencial situada encima) fue anulada por completo por hacerse sin concurrencia pública, es decir, "a dedo".

Con respecto al aspecto económico del asunto y las posibles indemnizaciones que haya que abonar, el Concello se aferra al convenio firmado en 2010 con Veteris por el que cualquier posible indemnización la pagaría la nueva empresa concesionaria. Se estima que sería un máximo de tres millones de euros, cantidad que podría echar atrás a cualquier interesada.

Los informes jurídicos sobre este prolongado pleito señalan que la raíz de este conflicto urbanístico está en la anulación de la modificación de la normativa del PGOU sobre el uso del subsuelo y que permitió la ejecución del aparcamiento abarcando simultáneamente suelo público y privado sin concurso público. Esa modificación, que fue aprobada en 2003, dio soporte al convenio con Veteris y al Plan Especial de Infraestructuras y Dotaciones. Todo fue anulado en primera instancia por los tribunales en 2007. Pese a ello, en 2010 se tramitó la adjudicación directa de la explotación del aparcamiento a la empresa que lo había construido. Trámite que, al estar apoyado necesariamente en los actos administrativos del año 2003, fue anulado nuevamente por los jueces.

En 2010 se realizó una valoración de las obras realizadas, que fue cerrada en 3.108.005,14 euros más IVA. Veteris aceptó esa valoración y renunció expresamente al lucro cesante, según insiste en Concello. Esa cantidad sirvió también para el cálculo de esa eventual indemnización cuando se convoque un concurso abierto a la pública concurrencia". Por ello, desde el Concello se insiste en que "los pactos firmados preservan los intereses municipales porque, de abrirse la licitación de la parte pública del aparcamiento y de no resultar Veteris la adjudicataria, la nueva empresa debería depositar como canon anticipado una cantidad, como mínimo, equivalente a la valoración de las obras"